Perdonen el estilo directo, frío y seco: no es la resaca, es que lo que sigue constituye un análisis más que un artículo. El despojo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no supone un problema judicial, sino un problema político de envergadura. Los jueces que conforman el Pleno del TSJA han utilizado la letra pequeña de la ley para violentar el espíritu de la justicia. La revisión del Estatuto andaluz, que vino a sancionar el reparto institucional en la Comunidad en su momento fundacional, o casi, establece con claridad solar que Granada, capital judicial durante siglos del sur de España, seguiría siéndolo en la región. La Chancillería simboliza la casa común, un hermoso edificio renacentista prestado por la soberanía popular a los magistrados para administrar justicia, pero que ellos no pueden ampliar ni reformar a su antojo. Luego sus señorías, y el Consejo General del Poder Judicial que los manda, han revuelto una propiedad ajena. El hecho ha sido posible porque el consejero de Justicia y la propia presidenta de Andalucía miraron para otro lado al iniciarse el proceso, cuando su obligación era plantarse y decir que no hay toga por encima del Estatuto, la Constitución autonómica.

Mientras los miembros del Gobierno andaluz silbaban, los diputados granadinos se limitaban a cobrar el sueldo y las dietas (incluidas las de los dos meses largos de vacaciones), el Ayuntamiento de Granada elaboraba una declaración institucional en contra de la división y el alcalde se fotografiaba con los cocineros de masterchef, sin advertir que la Sala de lo Penal que ahora se mutila incluye a los aforados y constituye, además de un símbolo del señorío del Antiguo Reino, un tremendo aparato de repercusión mediática. Cada comparecencia de un consejero o de un presidente andaluz por un asunto espinoso (los ERE, por ejemplo) propicia al instante miles de impactos mediáticos del nombre de la ciudad. Aunque tarde, todos han reaccionado, también el PSOE local, pero su capacidad de presión ante el CGPJ es ninguna. A quien hay que presionar es a Susana Díaz y al consejero de Justicia. La Junta debe rechazar por incompetente (en este asunto) al CJPG. Y lo ha de hacer con toda la firmeza y la pompa estatutaria. Lo contrario fomentaría la creciente desafección de la provincia respecto a Andalucía. Si al iniciarse el camino en común los granadinos hubieran imaginado que en la meta esperaba este desierto, este jacobinismo autonómico, este localismo inverso, el referéndum andaluz hubiese sido rechazado por aplastante mayoría en la provincia. El problema puede ser mayúsculo.