Se está imponiendo en esta España del disparate, cuando no la del esperpento -véase la imagen de nuestro Parlamento votando la reforma laboral que ha salido adelante gracias a un voto del PP, aunque sea por error- la creación de agrupaciones que bajo la idea de la 'España vaciada', intentan que su voz sea atendida y su escaño, en parlamentos regionales o nacionales, tenga un peso decisivo, teniendo en cuenta que las mayorías absolutas son casi imposibles y un voto puede pagarse muy bien, en este mercadillo persa en se han convertido los parlamentos. Es loable que en una democracia los grupos locales aspiren a ser no sólo oídos, sino a influir en decisiones colectivas, a costa de recibir algo para su terruño. En las elecciones de mañana en Castilla León los grupos locales de su 'provincia existe' pueden decidir el futuro, no sólo de la región.

Pero entre la 'España vaciada' -la que se ha ido desmantelando por una despótica política centralista- y la España relegada hay enormes diferencias. Granada no estaría, en ese grupo, porque, pese a ese olvido, ni los centralismos más feroces -el madrileño, ayer, el sevillano, hoy- han podido borrarle el peso específico que en la historia, en la cultura, en el arte ha tenido y tiene todavía. Por algo, hasta la infame reforma del motrileño Javier de Burgos, fue considerada un Reino. Con todo mi respeto a esos lugares de nuestra España querida que hoy reivindican, con razón, su derechos a ser escuchados, no podemos establecer paralelismos, salvo en la idea de que todos tenemos los mismos derechos y recibir las mismas atenciones.

Los nacionalismos excluyentes -el separatismo catalán y vasco- son un pésimo ejemplo que, por las atenciones que merecen del Estado central, a veces reverencialmente, como si fueran territorios y ciudadanos superiores, como ellos dicen, quisieran imitan otros territorios para esa España plurinacional. Pero en esta quimera, volvamos a la realidad que exige que cada región y cada provincia -o cada reino, si se quiere volver a la historia real- exija, reclame y tenga el peso que le corresponde en una España de las igualdades, dentro de su rica diversidad, donde no haya ciudadanos de primera, segunda o tercera y donde cada territorio tenga el peso específico que merece sin mendigar limosnas ni graciosas concesiones, aunque a veces sea en pago al voto. Granada, por supuesto, no tiene un voto que vender en el Parlamento español -como lo tienen catalanes, vascos, cántabros, canarios, gallegos, incluso turolenses-, por lo que habrá que dejarse sentir a base de la unidad de sus autoridades, municipios y de la sociedad, en asuntos claves.

No somos una provincia vaciada -todavía-, pero sí olvidada con la complicidad de nuestras 'autoridades enanas' -Ganivet dixit- y una sociedad desestructurada y apática.