MERKEL y Sarkozy emplazaron ayer al Gobierno de Papandreu a cumplir estrictamente los acuerdos que la semana pasada permitieron a la cumbre de la Unión Europea aprobar el segundo rescate de Grecia. Agobiado por el rechazo de la población griega a nuevas y dolorosas medidas de ajuste, Papandreu ha lanzado un golpe de efecto consistente en supeditar los recortes a su aprobación por los ciudadanos, eludiendo de este modo su propia responsabilidad como gobernante comprometido con la UE y el euro. Alemania y Francia, con el apoyo de la Comisión que preside Durao Barroso y del Fondo Monetario Internacional, han sido muy rotundos: si se deja el plan al albur de la voluntad ciudadana -presumiblemente contraria a la reducción de su nivel de vida-, el segundo plan de rescate quedará automáticamente suspendido, y lo mismo ocurrirá con el último tramo del primer plan (8.000 millones de euros), lo que pone en peligro el pago de pensiones y salarios públicos en el país heleno a corto plazo. Si la caída de Grecia perjudicaría notoriamente a los demás países de la Zona Euro, como han desvelado la Bolsa y el mercado de deuda en cuanto se ha anunciado la mera posibilidad, ni que decir tiene que la más damnificada sería la propia sociedad griega, abocada a la quiebra, el aislamiento económico y la penuria y obligada a recuperar una moneda nacional inevitablemente devaluada. En el propio partido de Papandreu (Pasok) y en su Gobierno no son pocas las voces que rechazan la decisión unilateral e irracional del primer ministro. Sencillamente, porque la situación final a la que conduce esta vía representa más pobreza y menos horizonte para Grecia que los sacrificios que se pretenden evitar. El episodio, cuando se supere, pondrá de relieve que la Unión Europea debe caminar hacia una gobernanza económica más sólida y unitaria y que la moneda común requiere una política fiscal también única. Grecia, sin Europa, puede aparentar que gana, pero a medio plazo pierde, y mucho.