Editorial

Grecia y la televisión pública

SEIS horas tuvieron los griegos desde que el Gobierno les informó de que iba a cerrar la radiotelevisión pública hasta que sus distintos canales dejaron efectivamente de emitir. Se trata de una fórmula de emergencia ideada para cumplir las condiciones en que el país fue rescatado, pactando con sus acreedores internacionales el despido de 15.000 empleados públicos y funcionarios antes de que acabe este año, de los que 2.000 han de ser despedidos en pocas semanas. Precisamente les ha tocado el sacrificio a los 2.700 empleados de la radio y la televisión públicas, con lo que Grecia se ha convertido en este momento en el único país de la Unión Europea que carece de estos medios de comunicación en manos del Estado. Decimos de momento porque el Gobierno de Atenas ha optado por aplicar el recorte suspendiendo las emisiones con la idea de reducir la empresa eliminando unos dos mil puestos de trabajo. El razonamiento del Ejecutivo no es descabellado: el país no puede permitirse mantener una televisión que cuesta 300 millones de euros al año, con una plantilla sobredimensionada en relación con las compañías privadas y unos datos de audiencia comparativamente ínfimos. Es la misma lógica que se ha aplicado en algunas comunidades autónomas españolas, como Madrid y Valencia, que han reducido ostensiblemente sus gastos de personal y funcionamiento, y que se abre paso también en Cataluña, donde los gestores públicos plantean un expediente de regulación de empleo a corto plazo. En Andalucía, sin embargo, Canal Sur continúa absorbiendo cuantiosos recursos públicos y permanece ajena a cualquier plan de racionalización de una estructura claramente sobredimensionada. Como hemos comentado en otras ocasiones, nuestro país necesita abrir un debate en profundidad sobre el papel y el coste de las televisiones autonómicas, que están sangrando los presupuestos públicos a cambio de unas prestaciones que no se corresponden -como es evidente en el caso de nuestra comunidad- con la coyuntura económica y social que atravesamos. Son empresas con plantillas infladas, que consiguen audiencias reducidas en sus propias comunidades, a un coste muy superior al de las privadas, que hacen la competencia a otros medios de comunicación gracias a las subvenciones de las que viven y que ni siquiera cumplen los requisitos de información neutral, formación y entretenimiento sano -servicio público, en definitiva- que están contemplados en sus leyes de creación. La liquidación sumaria de la ERT griega no puede ser el modelo, pero el debate que subyace en la medida merece desarrollarse en la España de la austeridad y el ajuste. Mientras más pronto, mejor.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios