DESPUÉS de cuestionar la legitimidad de la victoria electoral del socialista Patxi López y considerar su pacto con el Partido Popular casi como una traición al pueblo vasco, el PNV ha cambiado el rumbo y ha hecho una oferta ciertamente envenenada a la dirección del PSOE de Euskadi. La propuesta, que trata de recomponer la imagen de los nacionalistas como una fuerza constructiva y transversal, consiste en un acuerdo de estabilidad presupuestaria e institucional entre ambos partidos, que teóricamente ayudaría a López en su voluntad de consenso frente a la crisis económica y en el respaldo a sus primeros presupuestos autonómicos. El Gobierno vasco desconfía de la sinceridad de la iniciativa del PNV, y no le faltan razones para esa desconfianza. Por un lado, parece evidente que el PNV trata de torpedear el acuerdo PSOE-PP que llevó a Patxi López a la presidencia del País Vasco, con lo que esto significa de liquidación de una hegemonía de treinta años, la del propio PNV, y de reafirmación de la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía vasco. Por otro, la propuesta se dirige claramente a abortar la idea de los populares de negociar con los socialistas una moción de censura que arrebate al PNV la Diputación de Álava. Con el acuerdo pretendido sería políticamente inviable la moción, logrando los peneuvistas su objetivo. Probablemente, aunque no se explicita, la cúpula del nacionalismo guarda una carta que a los socialistas les resultaría atractiva: la posibilidad de que, en el marco de negociación planteado, el PNV aceptara apoyar los Presupuestos Generales del Estado, ayudando de este modo a Zapatero a superar un duro trance, dada su precaria mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. El Gobierno de la nación se decidió a impulsar el acuerdo PSOE-PP en el País Vasco como instrumento de cambio y motor de la lucha contra el terrorismo, aun a costa de perder el apoyo del grupo nacionalista en Madrid. Esta apuesta debe mantenerse por todos los medios porque trasciende con mucho los intereses partidistas y se confirma como la opción más acorde con el interés del sistema democrático y el combate contra la lacra del terrorismo.