Res Pública

José Antonio Montilla

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Hacer propuestas

Hacer propuestas supone salir de la confortable posición en la que se han situado el Gobierno de Cataluña y el de España

Según Puigdemont, la única posibilidad de impedir el referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre en Cataluña es que el Estado haga una propuesta mejor a la ciudadanía. Si leemos entre líneas, la declaración puede ser importante. El referéndum no se hará como no se hizo el previsto para el 9 de noviembre de 2014 porque ningún Estado puede permitir que se realicen actividades contrarias a su ordenamiento. Y resulta obvio que nuestra Constitución no habilita a un gobierno autonómico para convocar un referéndum de secesión. Ante esta situación, el Gobierno del Estado puede limitarse a aplicar los mecanismos sancionadores, con las consecuencias administrativas y penales que conlleven. Sin embargo, haría bien en escuchar a Puigdemont y, a su vez, hacer propuestas pues sólo la aplicación de la ley no resolverá el conflicto de Cataluña.

Hacer propuestas supone salir de la confortable posición en la que se han situado tanto el Gobierno de Cataluña como el de España. Ninguno se ha movido en los últimos años. Uno entiende que cuenta con el apoyo de la mayoría de los españoles cuando se limita a la rígida apelación a la ley y el otro piensa que tiene a la mayoría de los catalanes detrás cuando hace una tramposa interpretación del principio democrático. Y todos esperando el choque de trenes.

Por ello, el Gobierno del Estado debería aceptar el reto de Puigdemont y hacer propuestas. La respuesta primera la tiene fácil. Cualquier propuesta es mejor que un referéndum de independencia sin sustento jurídico-constitucional y falsamente apoyado en el principio democrático pues no hay democracia al margen del Estado de Derecho. Pero, a partir de ahí, debe hacer alguna propuesta que no puede articularse antes de octubre pero sí dar los primeros pasos para ahormarse. En este sentido, bastaría con apuntar el procedimiento y el marco del debate. En cuanto a lo primero, su sede debe ser parlamentaria. El Congreso aporta a un tiempo transparencia e institucionalidad. Por ello, está bien que acuda Puigdemont a plantear su posición y, sobre todo, debería abrirse ya en el Congreso una subcomisión sobre la situación de Cataluña. En relación a las premisas de partida son simples: ni es posible el mantenimiento de la situación actual, ni puede plantearse la independencia como primera opción, sin haber intentado antes otros modelos de integración. Al final, esa propuesta de acuerdo deberá incorporarse a una reforma constitucional, sometida a referéndum de todos los españoles, y a una reforma estatutaria, sometida a referéndum de todos los catalanes.

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