Alos treinta años de su funcionamiento, el Estado fundado en 1978 tiene cita reservada para la revisión de todos sus engranajes y mecanismos político-institucionales en el taller de la praxis constitucional. Pasar de un régimen de democracia orgánica autoritaria al actual de democracia plural y parlamentaria siempre conlleva desgaste de las piezas internas estatales, que necesitan de ajuste y comprobación de sus funciones y disfunciones que puedan haberse originado tras treinta años de rodaje del Estado nacido en el último cuarto del siglo XX.

Debemos condensar las ideas y, en apresurado esquema, presentar una radiografía del cuerpo del Estado en respuesta, tal vez, a la pregunta ¿qué tal el Estado hoy? ¿Cómo está la España de comienzos de siglo? Para ello debemos señalar unos cuantos puntos que, por fuerza, pueden ser insuficientes, aunque nos ayudarán a configurar la imagen del Estado español de nuestros días.

Comencemos por repasar la cohesión estatal, la igualdad de los españoles en el uso de los diversos servicios públicos, el grado de satisfacción en relación con el trabajo, la fiscalidad, la educación, la administración de justicia, las trabas levantadas por las Administraciones autonómicas por el predominio de lenguas vernáculas, los diferentes sistemas educativos, el protagonismo de fuerzas nacionalistas cuando no claramente independentistas; la sensación de sentirnos en cada parte del Estado ciudadanos de mini-Estados defectuosamente articulados, engañosamente igualitarios, discriminatorios a la postre, frustrantes sin duda.

Con la brevedad que exige el contexto, podemos sostener que, en relación a la cohesión estatal, parece que la descentralización autonómica, tal como ha sido llevada a la práctica -esto es lo importante- ha desembocado en la aparición de algunos territorios cuyos representantes no se consideran España. Son "otra" cosa, y, por tanto, resultan destruidos pilares básicos del Estado de las autonomías territoriales, como son la solidaridad y la lealtad constitucional. Sin estos presupuestos, no puede existir, en esencia, el modelo de Estado de la Constitución de 1978. El Estado, por el contrario, se centrifuga. La unidad estatal salta por los aires. El Estado se fragmenta (Sosa Wagner) y, por ende, se debilita y se hace ingobernable.

La igualdad de los españoles en cualquier parte del territorio nacional también hoy es discutible que exista. Tres décadas de desarrollo autonómico en la dirección que critico dan como resultado una realidad socio-política reveladora de que los españoles no tienen los mismos derechos ni las mismas obligaciones en cualquier latitud estatal. Cada comunidad autónoma ha desarrollado un propio ordenamiento jurídico que ha conducido, tal vez involuntariamente, a reconocer estatus jurídicos diferentes entre españoles: fiscalidad, sanidad, educación, economía, regulación empresarial, industrial, urbanística, medioambiental, etc, han levantado sutiles muros y fronteras entre los españoles de un lado y otro de las comunidades descentralizadas. Añádase, en algunos territorios, la potenciación del uso -hasta el abuso- de lengua diferenciada, tanto en las relaciones comerciales como en las educativas, y, por tanto, el hecho discriminatorio se consuma.

Particular análisis requiere el fenómeno del predominio de fuerzas políticas nacionalistas o abiertamente independentistas en algunas regiones de España. En ocasiones esas formaciones soberanistas han gobernado nada menos que treinta años. Toda la vida de la Constitución en la que encuentran su raíz y justificación. Parece que es llegado el momento de frenar los ímpetus centrífugos, que pueden deconstruir el Estado, a través de una justificada reforma de la legislación electoral.

Otro ajuste necesario, muy comentado y puesto de manifiesto, es la perentoria exigencia de simplificar y reducir órganos, servicios, competencias, funcionarios, costes presupuestarios y evitar duplicidad -cuando no multiplicación- de Administraciones y burocracias paralelas que surgen por doquier sin temor alguno al gasto y sin conseguir mayor eficacia. Tiempo hace que dimos la voz de alarma ante la orgía organizativa y competencial de este Estado nuestro y defendimos su conveniente desburocratización. Un Estado descentralizado no tiene por qué contemplar ineludiblemente una selva legislativa u organizativa, ni provocar de suyo y habitualmen un caos competencial ante un imprevisto. Además: ¿con qué financiación?

Por todo ello, por la insatisfacción que se causa en el ciudadano se precisa, para justicia del mismo y por pura supervivencia del Estado, que éste pase una ITV; que las disfunciones políticas, sociales, económicas, fiscales, lingüísticas o de cualquier otra índole, se subsanen, se encaucen a sus justos y sensatos contornos, y, sobre todo, se consiga que este centenario Estado sea operativo, posible, justo, gobernable.