Res Pública

José Antonio Montilla

montilla@ugr.es

Incumplir la ley

Todos sabíamos desde hace mucho tiempo que saltarse la ley iba a tener consecuencias penales. Y ya están aquí

El 26 de julio de 2015, tras la convocatoria de las denominadas elecciones plebiscitarias, titulaba este artículo dominical "Cumplir la ley". Exponía en él los riesgos que se cernían sobre el conflicto catalán pues si se constituía un parlamento autonómico de mayoría independentista, el siguiente paso en la hoja de ruta era la declaración unilateral de independencia. Era un momento crucial en cuanto suponía salir del marco de la legalidad constitucional. Los independentistas nos explicaban entonces con el mayor desparpajo que se dejarían de cumplir las leyes del Estado y de atender a los requerimientos de sus instituciones, aplicándose una legislación transitoria propia hasta la aprobación de la Constitución catalana.

Todo eso ha ocurrido. Se han desobedecido las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional que declaraban inconstitucional la celebración de un referéndum de independencia; se ha aprobado una ley de transitoriedad para ser aplicada como Constitución provisional hasta que culminase el proceso constituyente del nuevo Estado y se ha votado en el Parlamento una declaración unilateral de independencia.

En 2015 me preguntaba ¿qué debía hacer un Estado que no ha implosionado, como la Unión Soviética, que no está en guerra entre los distintos territorios, como Yugoslavia, o que no es fallido como Sudán cuando una parte del territorio decide desobedecer las leyes y los mandatos de las autoridades legalmente constituidas? Deberá aplicar la Constitución y las leyes de forma coercitiva si resulta necesario, incluido lógicamente el Código Penal.

Eso es lo que ha hecho. El Gobierno ha instado la aplicación del mecanismo de coerción federal previsto en el artículo 155 para obligar a las instituciones autonómicas al cumplimiento de las obligaciones constitucionales, los fiscales han actuado en defensa de la legalidad y los jueces han adoptado las medidas que consideran oportunas en aplicación de la ley.

Sin duda, podemos criticar la actuación del Gobierno, de los fiscales o de los jueces. De hecho, coincido en la crítica a la escasa fundamentación del auto de la juez Lamela para una decisión tan gravosa como es la privación de libertad de los exconsejeros catalanes. También podemos lamentar la inoportunidad política de esos encarcelamientos en cuanto favorece a los independentistas en un momento de desconcierto por la convocatoria de elecciones y la huida de Puigdemont. Lo que no podemos es sorprendernos. Todos sabíamos desde hace mucho tiempo que el incumplimiento de la ley iba a tener consecuencias penales. Y ya están aquí.

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