Indultar a Griñán

Se distrajeron casi 800 millones que debieron emplearse en paliar los efectos del paro, la falta de formación y la probreza

La gracia de indulto es en nuestro país posible, en aplicación de una ley de 1870, modificada por otra de 1988. La primera de ellas la publicaba la Gaceta de Madrid número 175 y en la misma, firmada por el que entonces era ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos, se establecían las reglas para su concesión. En aquellos momentos se había producido en España la revolución política denominada 'La Gloriosa', que dio al traste, definitivamente, con el reinado de la desgraciada Isabel II y procuró el advenimiento del efímero rey Amadeo I de Saboya, que no encontró el afecto de los españoles.

Una ley pues que nacía en medio de una de las épocas más turbulentas políticamente -y también social y económicamente- pero que, no obstante, superó todos los trámites parlamentarios exigibles. Algunos la consideran una norma trasnochada, pese a que en 1988 se modificó para ser adaptada a nuestro tiempo de democracia y participación. Hay quienes opinan -y posiblemente no estén muy alejados de la razón- que se trata de una ley que, pese a no contradecir el actual ordenamiento constitucional -pues la Carta Magna vigente atribuye al rey el poder de conceder esta gracia a propuesta del Gobierno- puede ser utilizada de manera que se convierta en una clara burla del sistema judicial, aunque éste, también, participa e interviene en el procedimiento. La burla puede ser más para el llamado 'pueblo soberano'.

Hoy se debate, en la calle, en los distintos medios de comunicación y redes sociales y hasta en los pasillos de las cámaras parlamentarias, sobre la petición de indulto que la familia y amigos del que fuera presidente de la Junta de Andalucía, José Griñán, han hecho al Gobierno para que efectivamente se tramite el perdón en el cumplimiento de la pena de cárcel a la que, como se recordará, fue condenado justamente el sujeto en cuestión; en un proceso penal, junto a otros cerca o más de cien dirigentes andaluces del PSOE; en el que se dictaron otras penas al también ex presidente de la Junta, Manuel Chaves y otros consejeros, directores generales y una larga nómina de políticos y técnicos de la administración socialista de esta comunidad autónoma, en los últimos casi cuarenta años -antes de los actuales gobiernos del Partido Popular- en que, de manera grosera, sucia, en clara y flagrante práctica corrupta, se distrajeron -por decirlo suavemente- casi ochocientos millones de euros -800 millones, repito- que debieron de emplearse en paliar los efectos del brutal paro laboral, la falta de formación de trabajadores y la pobreza real y tangible de millares de andaluces a los que, estos mismos dirigentes prefirieron mantener como perros atados y dependientes. A mí, pedir cualquier medida de gracia me parece, en este caso y como muy poco, una intolerable desvergüenza. ¿O no?

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios