Hace pocos días conocimos la noticia de la detención del propietario de una explotación olivarera de Pozo Alcón (Jaén), acusado de abandonar en el centro de salud de ese municipio el cadáver de un inmigrante que trabajaba en su finca. Al parecer, el fallecido (31 años de edad) murió de un infarto en su primer día de trabajo y era un marroquí que murió recogiendo aceituna sin tener contrato de trabajo, ni la documentación en regla.

La realidad es que hay numerosas situaciones que afectarían a miles y miles de inmigrantes que estarían trabajando de manera irregular porque sus patronos les obligan a situarse en la clandestinidad y por eso, son irregulares. Tenemos situaciones de abuso y semiesclavitud ante nuestras narices y, cuando se habla de inmigrantes ilegales, no se suele pensar en que muchos de ellos trabajan sin contrato por abuso de su patrono y no sería difícil detectar y sancionar a las empresas y particulares que incumplen la obligada protección laboral.

La cuestión de la inmigración ilegal es un asunto que se suele utilizar por parte de quienes postulan que seria inadmisible tolerar este fenómeno porque estaría impidiendo el trabajo que estas personas desarrollan, para que lo desarrollaran ciudadanos españoles. La realidad parece que es bien distinta porque de hecho parece una práctica habitual que en determinados sectores productivos, haya inmigrantes trabajando de manera obligada sin la debida protección de un contrato laboral.

Los abusos de aquellos que incumplen la obligación de ofrecer y suscribir un contrato laboral a sus trabajadores inmigrantes generan todo un mercado laboral fuera de los controles fiscales y de la debida seguridad en el trabajo, lo que pone en situación de indefensión a los trabajadores. Luchar frente a este fraude es, sin duda, un objetivo esencial. Un objetivo de justicia social que debe constituir una prioridad de los servicios de inspección laboral.

Estoy seguro que la lucha frente a este tipo de fraude preocupa y ocupa a las autoridades y a los profesionales de la inspección laboral. Lo que no hay duda es que resulta necesario reforzar las acciones frente a este fenómeno y castigar los comportamientos ilegales que se constituyen en abusos inadmisibles. Abusos que recuerdan épocas pasadas de esclavitud.

Hechos como el desgraciado suceso acaecido en Pozo Alcón deberían ser un aldabonazo en nuestras conciencias y un asunto que debería cambiar la opinión superficial y equivocada de quienes responsabilizan a los inmigrantes ilegales de serlo, cuando no son otra cosa que víctimas del abuso de poder que se ejerce sobre ellos por parte de algunos empresarios y particulares sin escrúpulos. Algo que requiere el mayor reproche social y el adecuado castigo por parte de los tribunales de justicia.