Las Administraciones Públicas instalan cámaras de videovigilancia en los edificios oficiales para controlar que todo esté en regla y lo vemos lógico; el Ayuntamiento coloca sistemas de grabación en las calles para cazar infractores de las normas de Tráfico, y lo consideramos razonable; e incluso los comerciantes quieren vigilar qué ocurre en las calles aledañas a sus negocios, y lo aceptamos. Sin embargo, que nadie nos grabe en el taxi, vaya que nuestra intimidad quede vulnerada. Y eso que lo que está en juego no es el patrimonio público, el afán recaudatorio o la mercancía comercial, sino la propia integridad física de los taxistas, un colectivo especialmente vulnerable. Si los profesionales consideran que estas cámaras disminuirán la alta tasa de criminalidad que sufre el sector, saludemos sin recelo al señor de la centralita de seguridad.