¿Quién mató a José Miguel? Así titulaba su columna en este periódico nuestro compañero Andrés Cárdenas el miércoles pasado. En ella recordaba que habían pasado ya dos meses de la muerte del exconcejal Castillo Higueras a manos de un hombre que lo atacó en plena calle con un puñetazo en la cara que le provocó una caída fulminante al suelo. Hacía mención también el artículo a que hay un vídeo de una cámara de seguridad en el que se puede ver al agresor y cómo se desarrolla toda la escena, el golpe, el robo posterior con toda la parsimonia del mundo y la huida del delincuente. Y se preguntaba el periodista cómo era posible que aún no se tuviera noticia alguna sobre el responsable de tan traumático suceso.

La duda estuvo en el aire muy pocas horas, porque no eran ni las 11 de la mañana cuando se hizo público que la Policía había detenido un rato antes al presunto agresor, ladrón, homicida o asesino (esto lo tendrá que determinar un juez).

Querido Andrés, te ruego que en lugar de ir al bingo dediques tu próxima columna a la guerra de Ucrania, a la pandemia o a la subida de los precios. Me permito la licencia de sugerirte un titular: ¿Cómo caerá Putin? Igual hay suerte y seguimos en racha.

Toda esta casualidad que nos lleva a bromear tiene su miga, no crean. En los mentideros de la ciudad -también frecuentados por quienes llevan placa, que todo hay que decirlo-, desde la misma tarde de aquel fatídico domingo en que José Miguel perdió la vida, se decía que el autor de los hechos estaba ya identificado. Incluso se daba por sabida su nacionalidad de origen, la marroquí. Y eso, repito, desde el mismo día del suceso. Ya se sabe que los rumores son eso, rumores. Además en este caso se sumaba la presumible intencionalidad política en un momento delicado, con un partido que se empeña en establecer inmigración y delincuencia como un binomio indisoluble. Todo esto y el paso de los días sin noticias policiales alimentaban la teoría de la conspiración, la de un supuesto interés en demorar la resolución del caso por lo espinosa que podría resultar la identidad del agresor.

Que la Policía y el Juzgado que instruye la causa se pongan de acuerdo para actuar así es algo rebuscado. Porque además, puestos a pensar en que haya margen para el manejo de los tiempos, creo que pesarían más la prisa y las presiones por resolver cuanto antes unos hechos que han sido muy mediáticos. En las películas a las que hacía alusión Cárdenas también salen esas urgencias por aportar resultados a la opinión pública.

Volviendo al artículo, se extrañaba de que la Policía tardara tanto en obtener resultados en un caso en el que hay un vídeo y una chaqueta tirada en el suelo que deja el propio agresor: "Abotargado como estoy de ver películas del CSI en las que se atrapa al que buscan por una hebra de hilo o por los minúsculos restos de un pastel que han hallado en la comisura de sus labios...", el caso de Castillo Higueras parecía pan comido. Pero que no se nos olvide que se trata de eso, de ficción. Porque en la vida real las pruebas de ADN o los programas de reconocimiento facial no son tan milagrosos y es necesario recabar las pruebas suficientes que permitan luego ir a un juzgado con las máximas garantías. Para eso hacen falta muchas horas de discreto trabajo policial.

La realidad que nos han dado a conocer dos meses después es que el detenido es un joven marroquí, delincuente habitual y okupa en una vivienda del bajo Realejo. Se pueden imaginar cómo ardían las redes sociales a los pocos minutos de conocerse estos datos: "Ocupan, violan y matan", era lo más suave que se podía leer en algunos perfiles en referencia a toda la comunidad marroquí o a los inmigrantes en general.

Si nos ponemos a buscar más casualidades, ahí va otra. La detención fue justo la misma mañana en que los españoles conocimos el contenido de la carta del presidente Pedro Sánchez al Rey de Marruecos, "gran amigo y aliado". España claudicaba en su tradicional postura sobre el Sahara con una maniobra que persigue, al menos, contener la inmigración procedente del país vecino, la "integridad territorial" y el envío de menores no acompañados. En una película, esto podría formar parte de la conspiración. Pero lo de José Miguel no es Netflix; es un triste sumario judicial.