LA opinión pública española se ha visto convulsionada por la aprobación de la propuesta para alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, en el Consejo de Ministros del viernes día 29 de enero. Esta propuesta constituye un atentado contra los derechos de los trabajadores. Y el Gobierno quiere completarlo con un recorte en la cuantía de las pensiones: ampliar el cómputo de años para establecer la pensión. En CCOO, nos parece una medida improvisada, precipitada, inoportuna y carente de rigor. Improvisada, porque no se han puesto de acuerdo sobre el propio Gobierno; el día de la aprobación no asiste a la reunión el ministro de Trabajo, que es el Ministerio al que le concierne, y alega problemas de agenda. En otras ocasiones el propio ministro se ha manifestado en contra de esta medida. Precipitada, porque no se explica la urgencia de presentar una propuesta que se empezará a aplicar, en la siguiente legislatura y finalizará en 2023. Inoportuna, porque se realiza unos días antes de que finalicen las reuniones de sindicatos y patronales para desbloquear la negociación colectiva. El presidente del Gobierno se había comprometido a no hacer pública ninguna medida que pudiese afectar a la concertación, hasta que finalizaran las conversaciones. El malestar creado en las organizaciones sindicales puede afectar negativamente al desarrollo de la concertación.

Y carente de rigor, porque las cuentas de la Seguridad Social han registrado un superávit de más de 2.000 millones en el año 2009 y, esto, a pesar del incremento del paro en más de un millón de personas que han dejado de cotizar a la Seguridad Social. En la actualidad, existe un fondo para garantizar el sistema de pensiones con más de 62.000 millones. Cabría preguntarse por qué no hizo esto el presidente Rodríguez Zapatero cuando llegó al Gobierno si entonces este fondo era de 15.000 millones. Igualmente, la medida es innecesaria porque en España, aquellos trabajadores que lo desean tienen incentivos para continuar en su trabajo después de cumplir los 65 años. Además, lo coherente hubiera sido tratar de acercar la edad de jubilación real a los 65 años (actualmente está en 63,2) antes de proponer alargarla hasta los 67. En cualquier caso, tales propuestas deberían haberse discutido en primera instancia en el seno del Pacto de Toledo, por lo que el Gobierno ha sido desleal con sus firmantes.

En el PSOE ha surgido tal desconcierto que a muchos dirigentes los tuvo que calmar el presidente en el Comité Federal, celebrado a puerta cerrada el sábado día 30 de enero. Creemos que ha pretendido dar una imagen de credibilidad en el Foro de Davos, donde fue muy criticado por periodistas, agencias de calificación, entidades financieras y algunos jefes de Estado, los cuales pusieron en duda la solvencia de las cuentas en España, por el tamaño del défict público, 11,3% del PIB y el alto índice de paro, 18,3%, por lo que las declaraciones estarían dirigidas al exterior y suponen el claudicar ante un club de poderosos e influyentes financieros, como es el Foro de Davos. A comienzos de los años 90 crearon de forma interesada una inquietud en la ciudadanía al poner en duda la viabilidad del Sistema de Pensiones en España. Se referían al año 2010 como fecha donde empezaría a tener problemas el sistema. La intención de los promotores de aquella campaña era la captación de fondos para la generalización de planes de pensiones privados. Afortunadamente, en 1995 se creó el Pacto de Toledo para tranquilizar a los ciudadanos sobre la viabilidad de las Pensiones en España. Ahora afirman que si la propuesta no se lleva a cabo el sistema de pensiones en España peligraría en 2035. Alegan los problemas de la natalidad y del envejecimiento de la población española y, aunque sea cierto, esto no tiene por qué impedir la buena salud de la Seguridad Social, ya que los ingresos los hacen los trabajadores que cotizan, sean o no españoles; ¿o alguien duda de que el crecimiento económico de los últimos años y los continuos superávit de la Seguridad Social hubieran sido posibles sin los millones de inmigrantes que han venido a trabajar y han cotizado en nuestro país?

Si la mayor tasa de paro (45%) se encuentra en los jóvenes, es una contradicción pretender prolongar la vida laboral de los mayores. Igualmente, es una contradicción con la pretendida defensa de la viabilidad del sistema la oferta realizada por el Gobierno a la CEOE, en el mes de junio, de una rebaja de dos puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Estaremos atentos a ver si se vuelve a producir dicha oferta a la patronal. En lugar de recortar derechos de los trabajadores el Gobierno, para mejorar el déficit público, debería intensificar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, auténtico cáncer de la economía española,

En el último año, al preguntarnos sobre la oportunidad de una convocatoria de huelga general, CCOO ha venido respondiendo que no tenía razón de ser porque la crisis no la había originado el Gobierno, y porque las medidas que estaba adoptando para resolverla no suponían un recorte en los derechos de los trabajadores. No obstante, si el Gobierno sigue adelante con su plan de recortes, nos veremos obligados a replantear nuestra actuación. Los derechos que hoy disfrutamos en España han sido obtenidos con esfuerzo y sacrificio, por lo que no permitiremos que nos sean arrebatados de manera injustificada.