QUÉ coraje me da coincidir con el secretario general del PP, Carlos Floriano, pero tengo la costumbre de darle la razón a quien la lleva. Floriano la lleva al afirmar que la Audiencia Provincial de Madrid ha venido a legitimar la violencia contra los políticos al archivar la causa abierta por el escrache que sufrió en su casa, en abril pasado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ya un juez de instrucción había archivado la denuncia, la Fiscalía recurrió y la Audiencia, ahora, rechaza el recurso.

Se equivocó el juez y se equivoca la Audiencia, según creo yo (y Floriano), aunque sus argumentos son serios: la manifestación, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en protesta por los desahucios, fue en todo momento pacífica y que los concentrados no amenazaron ni coaccionaron a la vicepresidenta y sus familiares. En fin, el escrache es un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad y una expresión del pluralismo de los ciudadanos.

Vamos, una manifestación más de las muchas que se organizan todos los días en ejercicio de un derecho fundamental que consagra la Constitución. Yo lo veo de modo diferente. Doscientos tíos que se manifiestan delante de tu casa, sin haber comunicado a la Delegación del Gobierno que iban a hacerlo, con gritos, pegatinas y pancartas y cortando la circulación durante veinte minutos, no sé si coaccionan o amenazan, pero, desde luego, intimidan. Pregúntense ustedes mismos si se sentirían intimidados en una tesitura semejante. O mejor, que se lo pregunten los jueces.

La clave está en el lugar. En el sueldo de cualquier cargo público va ya la necesidad de que aguante protestas contra su labor o contra la política de su partido allá donde la desarrolla, en un acto en el que participa o en un espacio abierto. No hay ningún motivo para que tenga que aguantarlas en su vivienda y alrededores. Sobre todo, no tienen por qué afectar a sus padres, parejas o hijos, perjudicados colaterales sin comerlo ni beberlo. El derecho a la intimidad del domicilio particular también es objeto de la protección constitucional. Los manifestantes estarían legitimados si hubieran ido a la Moncloa o a la sede del PP, no a la casa de Sánez de Santamaría.

Cuando los propios organizadores de escraches han desistido de hacerlos, por su impopularidad y desprestigio, van los jueces y dicen que muy bien hechos. Igual ahora rebrotan.