NO creo que haya precedentes en otras instituciones de Andalucía del hostigamiento y marcaje a que está sometiendo el PP a la Diputación de Granada en las semanas previas a la transmisión de poderes. La glotonería por agarrar el poder alcanza rasgos neurasténicos. La semana pasada Luisa García Chamorro, secretaria del partido, dijo que el recurso presentado ante la Junta Electoral para aclarar el sorteo electoral de Lújar (que fue admitido y, por tanto, considerado razonable) era una maniobra de Martínez Caler para ganar tiempo y tirar papeles comprometedores. El lunes, el futuro presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, atribuyó el recurso a una maniobra para que los cargos de confianza cobren otro mes de sueldo. Por supuesto se refiere Pérez a los cargos socialistas y no incluye a los de su partido (que los hay) ni a los de Izquierda Unida. Todo ellos van a cobrar, me temo, la mensualidad de propina. El presidente del PP, puesto a hacer populismo, podía haber empezado su comparecencia informativa anunciando que los cargos designados a dedo por él mismo van a devolver la mensualidad maldita, es decir, que van a trabajar 30 días de balde para dar cierto aire de verosimilitud a tan peregrina hipótesis. Pero no anunció la renuncia a los sueldos propios, qué va. Primero porque legítimos y, segundo, porque el personal tienen la obligación de permanecer en sus puestos hasta que concluya el mandato.

Entre medias ha habido un hecho que a mí me parece particularmente grave. Un periódico de internet, especializado en difundir supuestos papeles comprometedores que ningún diario tradicional publicaría (salvo citando la fuente original, lo que ahorra problemas legales) trató de demostrar que la Diputación sí ha roto documentos y facturas. Para ello reprodujo la foto de una correspondiente a 2007 (primorosamente rasgada para que el nombre y las cifras permanecieran a la vista) de una empresa de publicidad que tuvo tratos con el hijo de Chaves, con lo cual se mata dos pájaros de un tiro. Según aclaró ayer Martínez Caler, la factura original está archivada y no es la reproducida por El Confidencial Digital. Por supuesto nadie dice dónde aparecieron los papeles y por qué estaban éstos documentos (todos del área de Presidencia) y no otros.

Este juego de manos arbitrario es muy inquietante y sugiere dos hipótesis. Una, que una garganta profunda al servicio del PP está destripando sin ninguna lealtad a la institución los archivadores y, dos, que el PP cuenta con servicios de contraespionaje institucional para fabricar artimañas a medida.