LA Justicia ha avalado por segunda vez la legalidad de una forma de protesta consistente en manifestarse contra un cargo público delante de su vivienda particular. Una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid ha entendido que el llamado escrache organizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 5 de abril, constituyó "un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos". En consecuencia, los magistrados de la sección 16 de la Audiencia desestiman el recurso de apelación que la Fiscalía había presentado ante el archivo del caso que un juzgado de Instrucción decretó en su momento. Los jueces explican en su auto que, aunque los numerosos manifestantes de la concentración, que carecía de la pertinente comunicación previa, estuvieron reunidos durante veinte minutos profiriendo gritos y agitando pancartas contra la vicepresidenta en las proximidades de su domicilio, no hubo delito de amenazas ni coacciones, razón por la cual no cabe la tesis de que los manifestantes pretendieran quebrantar la voluntad de Sáenz de Santamaría. Tampoco han encontrado indicios de desórdenes públicos ni manifestación ilegal. Es paradójico que meses después de que los grupos organizadores de escraches hayan desistido de seguir haciéndolos, tras el rechazo generalizado de la opinión pública, vengan los tribunales a amparar la legitimidad de estas acciones. Es lógico que los cargos públicos y líderes políticos estén expuestos en sus lugares de trabajo o en sitios públicos a las presiones de los ciudadanos descontentos con su gestión y deban asumir mayores críticas que las que padecen los individuos particulares. Pero existen límites infranqueables en este caso: las manifestaciones no deben ser coactivas ni amenazantes -y menos aún, violentas- y nunca han de afectar a la vivienda particular del político criticado, cuyo derecho a la seguridad y a la intimidad tiene que ser respetado como el de cualquier otro ciudadano. La resolución de la Audiencia que rechaza el recurso del fiscal emite el mensaje contrario: vociferar e insultar a un político en su casa, delante de su familia, no puede ser una sana forma de participación democrática y expresión del pluralismo. Hay otros mecanismos de participación y reflejo del pluralismo social plenamente legítimos y que son ejercidos todos los días en toda España. No ha lugar a que se legitimen los escraches cuando la sociedad ha asumido ya que no son la vía de protesta adecuada y hasta sus propios organizadores han dejado de programarlos.