Hace unos meses se producía una sentencia que venía a poner el punto y final en el denominado caso Alhambra. Un asunto judicial en cuya instrucción se tardaron más de diez años, a los que hubo de sumar, casi, dos años más de espera hasta el deseado final.

Fueron varias decenas de personas las encausadas por un asunto de sesenta mil folios, que, bien podría decirse, quedó en agua de borrajas y que, sin embargo, produjo verdaderos ríos de tinta y casi culebrones televisivos y radiofónicos.

En ese larguísimo tiempo, algún encausado hubo que rindió el alma a Dios, debiendo de resultar después, como la gran mayoría de sus compañeros, inocente. Y partió junto a Caronte debiendo de soportar sus familiares y amigos, junto al medio centenar de trabajadores y profesionales liberales, sobre los que se había arrojado la pesada e ignominiosa sombra de la duda de si eran o no culpables de chamarilear, fuera de ley, con entradas para el Monumento más visitado de España y obtener con ello ilegítimos beneficios que, se decía, causaban daños a los intereses del monumento, a la Junta de Sevilla.

Todo quedó en nada o en muy poco. Después de tanto teatrico y pese a la existencia hasta de pruebas falsas que se habían fabricado ex profeso, desde el mismo Patronato de la Alhambra, para lograr condenas. La gran mayoría fueron declarados inocentes y algunos con todos los pronunciamientos.

Frente a esto y desde el pasado 2015, hemos visto cómo la Fiscalía Superior de Andalucía acusaba ante el Juzgado a veintiocho detenidos, entre ellos la cúpula rectora socialista de la Alhambra; capitaneada por la que fuera militante muy destacada del PSOE, Mar Villafranca; por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude a la administración, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. Al parecer podrían haber causado daños por importe de doce millones de euros y propiciado hasta doscientos contratos administrativos viciados de suministros de bienes y/o servicios.

En este caso y hace pocos días, la Audiencia Provincial anula, por un cierto defecto de forma o de plazos, un año entero de investigaciones policiales de esta gestión socialista al frente de la Alhambra, sin que hayan declarado aún la mayoría de los encausados. Parece que al juez sólo le queda abrir juicio oral, con lo que tiene, o archivar el asunto, sin más. Podrán librarse los acusados, sí, pero, de este modo, la ignominiosa sombra de la duda quedaría ad aeternum sobre ellos. ¿O no?