En junio pasado el alcalde de Cádiz, José María González, conocido en el siglo como Kichi, condenó una inadmisible protesta de policías locales, que lanzaron un bote de humo en el Ayuntamiento y obligaron a desalojar el Consistorio. No hay nada que dialogar con quien utiliza la violencia, dijo, y dijo bien. Ahora ha defendido y aplaudido expresamente a una minoría de trabajadores del metal que protestan con violencia por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

No ha sido precisamente un bote de humo aislado lo que han usado los grupos respaldados por el alcalde, sino un catálogo variado, y continuado, de elementos de coacción y violencia contra las personas y los bienes públicos de Cádiz: quema de contenedores, destrozo de semáforos, casetas de obras y farolas, corte de carreteras y vías férreas, bloqueo de centros sanitarios y empresas...

Un alcalde normal podría haber tenido en cuenta el interés de los vecinos que han sufrido las consecuencias de estos actos violentos, que han visto alterada la convivencia, revuelta su vida cotidiana o conculcado su libertad y sus derechos. Incluso, si su ideología le dicta ponerse del lado de los huelguistas, podría haber mostrado su apoyo a los trabajadores pero rechazando a los violentos y llamando a la paz social.

Pero Kichi no. Kichi volvió a ser el antisistema de pancarta y manifestación ("Y si esto no se arregla, ¡guerra, guerra, guerra!", ¿recuerdan?) que era antes de que los gaditanos le eligieran alcalde. Salió a la calle, agarró el megáfono y se transmutó en el compañero del metal que nunca fue. Si acaso, compañero de la enseñanza y liberado sindical. Entre solemnes proclamas sobre la lucha obrera, la dignidad y el plato de comida encima de la mesa, el alcalde estuvo incendiario. Nunca mejor dicho:"Hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso", presumió. No dijo "habéis" tenido que meter fuego, sino "hemos". Primera persona del plural. ¿Y qué tiene que ver Madrid si aquí lo que se ventila es un convenio provincial?

Olvida, voluntariamente, que es alcalde de todos los gaditanos -quienes, por cierto, tendrán que pagar los desperfectos causados por la protesta- y que su papel institucional le impide meterse en una de las dos trincheras de un conflicto no municipal y le prohíbe taxativamente alentar la violencia. Cuando los gaditanos vuelvan a votar, seguramente sopesarán si quieren un alcalde para mejorar día a día su ciudad o un agitador a tiempo parcial.