EN un debate sobre política general, y en concreto trabajando sobre las enmiendas que las y los socialistas granadinos hemos incorporado a la ponencia del congreso regional del PSOE de Andalucía que se celebrará el primer fin de semana de julio en Almería, María Izquierdo, veterana y admirada compañera, propuso recuperar para la acción política el concepto de lealtad institucional y me pareció muy bien, lo comparto totalmente, porque viendo la escena política parece que ha quedado en desuso como consecuencia, o a lo mejor es la causa, de que en la toma de decisiones muchas veces se anteponen los intereses partidarios y hasta el electoralismo impregnado de populismo que, a la larga, lo que produce es un gravísimo deterioro del prestigio de la política y una desconfianza de la ciudadanía en los responsables públicos y en el sistema democrático.

Por tanto reivindico la lealtad institucional como imprescindible para la acción política, tanto como un valor de la convivencia en general, como en su sentido jurídico ya que es un principio básico recogido en nuestro ordenamiento jurídico que aparece en la Constitución en su art. 138 , en la Ley de Régimen jurídico y procedimiento administrativo común art. 4, o en la inmensa mayoría de los Estatutos de autonomía y, sin duda, hay jurisprudencia al respecto, es trasladable a las relaciones entre el conjunto de las instituciones del Estado, incluyendo por supuesto a las del ámbito local. La cooperación entre Administraciones "no es sólo un deber, es la esencia del modelo de organización territorial del Estado"

Lo cierto y verdad es que cuando se abandona la lealtad institucional se causa un grave perjuicio y proyectos que requieren de la voluntad común y de la cooperación entre las administraciones sufren retrasos o no llegan a realizarse. Las relaciones entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía han de basarse en la colaboración y el consenso por el bien de Granada.

Demasiados ejemplos ponen en evidencia la necesidad de circular por nuevos caminos, el Metro, la estación del AVE y de forma muy llamativa las relaciones entre la delegación de Cultura y el Consistorio, en las que permanentemente por parte municipal se pretende esquivar el cumplimiento de las leyes sobre el Patrimonio Cultural, y las formas a veces inadecuadas de comunicar las decisiones por parte de la Delegación, son muestra delo que trato de explicar.

La Junta debe exigir la protección del patrimonio, es su competencia y su responsabilidad, pero debe hacerlo respetando las formas y buscando el consenso y el interés general. Los conflictos que necesariamente se producen, el último con el Cementerio de San José, requieren de rigor no sólo en los contenidos también en las formas. Es urgente cambiar los modos de relación y hay que basarlos en el diálogo y en la búsqueda de soluciones consensuadas, tenemos mucho por hacer.

Deben pactar una agenda y les sugiero que en primer lugar desbloqueen el Centro Lorca, nos lo deben, nos lo debemos.