Cuando una democracia empieza a poner peros a la libertad de información y expresión, esa manía del poder de controlar lo que se publica, quién lo publica y qué metáforas usa al publicarse, está empezando a poner apellidos figurados a lo que tiene un único nombre: liberticidio.

El estado de alarma está sirviendo al PSOE como cajón de sastre desde donde atreverse con todo lo que en otra situación no se plantearía. Algún exmiembro del TC ya ha advertido del abuso.

El trasiego de Sánchez en las bambalinas del poder le ha sorprendido sin nada que ofrecer como hombre de Estado (o sea, como gobernante serio) tras esta pandemia. Él, llegado al liderazgo de su partido como vendedor de peines para calvos, un mentiroso compulsivo capaz de decir lo uno y lo contrario sin alterar el rictus ni el color de sus mejillas, ha mandado con sibilina intención a Tezanos a poner los cimientos del deseo menos amagado del socio podemita residente en Galapagar: controlar lo que se publica.

A tal punto llega la capciosa intención liberticida del último CIS de Tezanos, agarrado de la mano del pérfido predicador sabatino de Moncloa, que ha logrado poner en contra de su recién iniciado trayecto retador, tanto a exdiputados del PSOE como a algunos periodistas de referencia en canales de TV (antes muy proclives), amen de ilustres votantes del PSOE pre-podemizado, con columna de opinión fija en importantes diarios o revistas.

El General del Estado Mayor de la Guardia Civil no ayudó a disipar dudas sino que confirmó sospechas. Reconoció una de sus líneas de trabajo: "Minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno".

Poner matices a la libertad es impropio de una democracia moderna. Apropiarse del derecho a la información desde el Estado es ir contra sus principios más básicos. Y hacerlo con la excusa de un estado de alarma,

denota que tenemos unos gobernantes poco fiables. ¿Prometieron derogar la ley mordaza? Pues toma, dos tazas.

Tanto lío, ha difuminado el anuncio de reforma de la LEC hecho por el ministro de Justicia, para que la instrucción de los delitos sea dirigida, no por jueces como hasta ahora, sino por fiscales. Si alguien se preguntaba para qué nombraba Sánchez a la exministra Delgado como Fiscal General, ya puede cerciorarse de la respuesta. El panorama de querellas debe de tener abrumado al Gobierno; de ahí que intenten reconducir el papeleo, ver cómo mitigar la afrenta. Y en eso están, que para tanto da de si un estado. El de alarma, claro.