Con la dimisión de la directora general de salud pública de la Comunidad de Madrid por no estar de acuerdo con la propuesta de esa región para comenzar la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes, Madrid se ha puesto de nuevo en el centro del debate. La causa de esta renuncia es el desacuerdo con la propuesta de la presidenta al no responder a criterios de protección de la salud de los madrileños.

En una situación en la que hay declarada una pandemia por parte de la OMS y el estado de alarma con el aval de las Cortes Generales, cualquier asunto que haya en la actualidad precedido de una controversia entre personas investidas de la responsabilidad de ser autoridad sanitaria, es relevante. Más si es una controversia sobre la pertinencia de adoptar o no, medidas que afectan a la salud de la ciudadanía; entonces, es un asunto de todos.

Las autoridades de salud pública tienen una enorme responsabilidad cuando sus decisiones influyen en la posibilidad de proteger la salud y salvar vidas. Una responsabilidad social y en ocasiones, una responsabilidad exigible penalmente. Todas las personas que yo he conocido y que han ejercido esta responsabilidad tienen un denominador común, más allá de su adscripción política. Este no es otro que el de la gran capacidad de anteponer por encima de todo, la salud de la ciudadanía.

Es por eso que la dimisión de la directora general de salud pública de Madrid tiene una enorme trascendencia dados lo motivos aducidos en su carta de dimisión, conocida a través de la agencia Servimedia. No ha aceptado que los criterios económicos se impongan a los criterios de salud pública.

Este asunto pone de manifesto algo que para los que nos dedicamos a la salud pública sabemos que es habitual: la tensión entre los intereses generales y los intereses particulares. Esto es algo casi inevitable en situaciones de esta naturaleza. Y esto expresa la difícil misión de las autoridades sanitarias que en ocasiones tienen la fea tarea de decir no a presiones que perjudican la salud de todos.

Es por eso que creo que cualquiera de los actuales cargos directivos de la salud pública y de los funcionarios que trabajan en este ámbito profesional merecen reconocimiento y protección ante las presiones que puedan darse. Y si estas son insoportables, la dimisión es un ejemplo digno de aplauso. Yo estaré siempre con quien defiende el interés general. Nos conviene a todos.