Desde que, en mi adolescencia, descubrí la existencia de la democracia para el gobierno de las sociedades y supe, también, casi al mismo tiempo, que a través de las urnas pudo instalarse nada menos que Hitler en el poder, comprendí que si bien podía, efectivamente, ser la democracia el mejor modo para convivir en las sociedades modernas, tenía que estar dotado al mismo tiempo de algunos resortes que impidiesen su propia autodestrucción. Luego, a base de estudio en aquellos años en los que determinadas preguntas podían, como poco, suscitar airadas respuestas y miradas fulminantes, supe que esos resortes no eran otros que el compendio de leyes por los que se rigen las naciones, de modo que, quien elaborase esas leyes sería el -o los- que podría tener el poder de hacer sociedades libres o subyugadas a voluntades individuales, a una dictadura. Luego tuve la ocasión, que no desaproveché en absoluto, de ayudar, como muchos otros -muchísimos- ciudadanos españoles, a la recuperación de las libertades y a la reinstauración del sistema democrático, lo que me dejó algunas cicatrices. Ya hace de eso, pero no por lejano deja de mantener el inmenso valor de lo que es esencial en las sociedades, modernas y avanzadas: el valor de la libertad.

Y viene todo esto al caso porque siempre he entendido que elaborar las leyes, legislar, siempre lo ha de ser -como gobernar o administrar justicia- en puro interés público y general. Debe de ser, en definitiva, el ejercicio del poder hacer las leyes en aras al mejor servicio público. Por eso no alcanzo a entender cómo el actual gobierno, que preside Pedro Sánchez, se propone, según anuncia, modificar o adaptar el Código Penal -y lo que haga falta- para beneficiar de alguna torticera forma a unos delincuentes, ya juzgados y sentenciados, precisamente por delitos que están tipificados en el corpus jurídico español y que lejos de aparecer anticuados, incluso obsoletos, están en la plena actualidad de que disfrutan los movimientos separatistas, especialmente en Cataluña y en otros varios lugares de nuestro país.

La libertad de la mayoría sólo se garantiza cuando los derechos de ésta y la sociedad que conforma y en la que vive, no se vean amenazados, de ninguna manera, ni individual ni colectivamente, por minorías de individuos que usen el poder y la representatividad que puedan legítimamente ostentar, para atentar, impunemente, contra la nación de suelo y ciudadanía, de derecho y soberanía que conforman todos los demás. Y mucho menos, hacer permisivos esos delitos a cambio de apoyos para alcanzar el gobierno de la nación. Eso me parece malversar el uso de las urnas, prostituir la esencia de la democracia. ¿O no?