Los miembros de La Manada no son sólo unos malnacidos despreciables; son también, para nuestra vergüenza, hijos de esta sociedad hedonista e hipócrita que entre todos estamos construyendo. La que banaliza las prácticas sexuales aberrantes -¡qué de chistes con los bukakes de Torbe!- y cosifica a la mujer y, después, cuando la mujer es tratada como un objeto para la satisfacción patológica de unas bestias embotadas de sexo, se echa las manos a la cabeza y vierte un mar de lágrimas de cocodrilo. Como lúcidamente ha señalado un apestado ilustre, eso se llama poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias.

Por eso sorprende que la opinión pública, tan voluble, tan caprichosa, tan incoherente, pretenda imponer sus apriorismos a un poder del Estado -la judicatura-, que ha valorado en este caso, de manera minuciosa, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y que permite, si existen discrepancias sobre la calificación jurídica de los hechos, acudir al sistema de recursos establecido en el ordenamiento jurídico. Malos tiempos aquellos en los que hay que recordar lo obvio; a saber: que la justicia es un pilar básico de cualquier democracia y el muro de contención frente a los linchamientos públicos.

El "Yo sí te creo", por el contrario, es la manifestación paladina de un prejuicio que contiene, además, un indisimulado -y peligroso- mensaje ideológico. La justicia no es una cuestión de fe, sino de prueba y exige además, para ser tal, que los tribunales puedan ejercer su labor no sólo con independencia, sino también con el imprescindible sosiego, seriamente amenazados por la intromisión populista de los políticos -siempre a la caza del voto- y el irreflexivo y visceral ruido de la calle. Aunque no siempre fue así. Hace apenas un mes conocimos un hecho verdaderamente estremecedor: diez jóvenes argelinos, pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo de negocios y viviendas, retuvieron durante veinticuatro horas en un piso a tres niñas menores de edad (una de ellas tenía sólo catorce años) y las violaron por turnos y repetidamente. Nadie se manifestó, ningún político propuso reformas legales urgentes, la indignación de Ferreras y de las redes brilló llamativamente por su ausencia. De lo que se colige que la corrección política también tiene grados. Y en su arbitraria escala de valores, una niña de catorce años está, al parecer, un peldaño por debajo de sus violadores, cuando estos son inmigrantes y musulmanes.