LOS últimos datos del Observatorio de la Infancia indican un notabilísimo incremento de los menores que han debido comparecer en un tribunal para responder de un delito. En concreto, en el caso de nuestra provincia, en sólo tres años, el número de menores que se han sentado en el banquillo ha aumentado un 57%. Y, lo que es peor, la tendencia, pues los datos medidos se refieren al periodo de 2005 a 2007, es que la cifra no va a decaer. No se trata, pues, de un fenómeno pasajero sino que indica a las claras un deterioro del comportamiento juvenil. Bien es cierto que, en términos absolutos, el número de menores incursos en un proceso es mínimo. Sin embargo, este incremento hay que interpretarlo como un aviso de que la sociedad, tutora al fin y al cabo del desarrollo y la educación de los jóvenes, bien desde las familias o desde los centros escolares y las instituciones, está siendo superada por un fenómeno que nos atañe a todos y que no tiene visos de solucionarse. Por eso todos tenemos la responsabilidad de poner fin a esta situación.