LO ocurrido el pasado jueves en Mondragón (Guipúzcoa), subrayado ayer mismo en Hernani, refleja amargamente lo lejos que estamos aún en este país en materia de unidad contra el terrorismo. Gracias al desacuerdo de los partidos democráticos la alcaldesa, militante de ANV, ha superado la moción en que se le exigía condenar la violencia etarra que costó la vida a un concejal socialista de la localidad en plena campaña electoral. Dos concejales de IU se abstuvieron -el tercero votó directamente en contra-, al igual que el de EA, de respaldar la moción de PSOE-PNV que emplazaba a la alcaldesa a desvincularse de ETA o, en caso contrario, sufrir una futura moción de censura. La única concejala del PP en Mondragón optó también por abstenerse alegando que la propuesta era insuficientemente rotunda y que había que ir directamente a por la censura. Razón insuficiente para cuartear el frente democrático, que ha de ser la prioridad para todos los demócratas y todas las personas honradas del País Vasco. Aislar a los terroristas y sus servidores políticos y hacerles comprender que no pueden hacer política en las instituciones sin renunciar a la violencia y el chantaje contra sus adversarios es la tarea elemental, a la que deben subordinarse las legítimas discrepancias entre las fuerzas políticas. Probablemente nada de esto hubiera ocurrido si el Gobierno de la nación hubiese utilizado los mecanismos jurídicos de que disponía para impedir que los cómplices de ETA pudieran concurrir a las elecciones municipales en Mondragón, Hernani y otros muchos lugares. Pero una vez que se presentaron y han obtenido alcaldías y concejalías, hay que hacer un frente de higiene democrática y moral contra ellos, sin dejar resquicios para que sigan acogidos a la legalidad democrática mientras la sabotean con la violencia y la amenaza, en lugar de lamentarlo al día siguiente, como ha hecho el PP, o anunciar expulsiones que luego no pueden llevarse a la práctica, como ha hecho IU. ¿No vamos a aprender nunca?