LO acontencido (supuestamente) en La Zubia con las posiciones para cubrir la plaza de oficial de la policía merece un capítulo en la enciclopedia mundial de la infamia, capítulo de enchufismo y apartado de amiguismo, nepotismo y corporativismo. Pues todos estos ismos están reflejados en la trama del concurso que ha ganado el sobrino del alcalde con el apoyo de una representación mayoritaria del sindicato CSIF en el tribunal calificador, el mismo al que pertenece el pariente del regidor y el hasta ayer concejal de Policía, Juan Manuel Roldán, que dimitió, como suele ocurrir en estos casos, por "motivos personales". Lo que destaca este caso de otros es el descaro e incluso la petulancia de todos quienes han participado con voz o con voto, con cariño filial o corporativo, en la puesta en escena. Recordemos: de los diez miembros del tribunal (incluidos titulares y reservas) siete pertenecían al mismo sindicato que el ganador. Además, uno de los socios del jurado calificador era el compañero de patrulla del agente Iglesias (el ganador), que tiene una plaza, igual que el hasta ahora concejal de Policía de La Zubia, en el Ayuntamiento de Granada.

La imbricación de parentescos y relaciones es tan estrecha que a estas alturas no se sabe quién queda en el equipo de gobierno con licencia moral para resolver el recurso de alzada presentado por UGT y otro opositor. El alcalde no puede mediar como árbitro en el conflicto de su sobrino y el concejal de policía titular ya no está y además era compañero de trabajo y sindicato. Igual le tocará enterrar el muerto al sucesor del dimitido siempre, claro, que no pertenezca al sindicato aludido o mantega alguna relación de afinidad imprevista.

Eso sí, hay que reconocer que el despaparjo de los participantes en el supuestro fraude ha sido tan evidente que su caso encaja perfectamente en la filosofía de la ley de Transparencia que prepara el PP: "Ya que hemos dado el sartenazo", habrán pensado, "que se vea". La transparencia que Rajoy aspira a fijar en las administraciones públicas es un hecho meritorio y digno de elogio. El problema es si en los cientos de administraciones periféricas, en particular municipales, se va a aplicar con el mismo celo. Sin ir más lejos, el concejal dimitido. Juan Manuel Roldán, es el secretario del PP en La Zubia y, por tanto, el comisionado para aplicar en la circunscripción política las normas de moralidad de dimanan de los órganos superiores.

Una de las ventajas de la crisis que ha vaciado los ayuntamientos y los ha endeudado hasta la coronilla es que no habrá nuevos contratos de personal y, por tanto, nuevas oposiciones, al menos en diez años, periodo en el que habrá de un insólito y ejemplar comedimiento de los tribunales de oposición.