Hay quienes confunden independentismo, regionalismo, cantonalismo, federalismo… pero el plantear cambios territoriales en España no siempre apareja connotaciones negativas, sino que pueden ser positivas siempre que lo permita nuestra Constitución.

La perspectiva histórica reciente demuestra objetivamente que el Estado autonómico ha traído más pena que gloria a la estructura de nuestros territorios y Administraciones Públicas, sobredimensionadas, multiplicadas… pero también ha traído un importante quebranto para nuestros bolsillos, porque el mantenimiento de estas nuevas superestructuras -agencias de colocación de amiguetes- sale de nuestro dinero.

Vox ha cuestionado incluso su existencia, pero desde el socialismo insisten en alimentarlas hasta convertirlas en titanes federalistas, creyendo así contentar a los iluminati catalanes.

El problema radica en que cuando se invitó discriminatoriamente al "café para todos" a los territorios elegidos, se obvió ex profeso que España ha sido históricamente un territorio dividido en reinos y no en provincias ni regiones, división que nunca caló en el pueblo y que ni el afrancesado Javier de Burgos se llegó a creer. Por eso su decretazo de 1833 fue derogado en 1847 por el Decreto de Regionalización de Patricio de la Escosura, que entre sus regiones incluía a Andalucía y a Granada, y se mantuvo en el Proyecto de Constitución Federal de 1873 de la I República, y reformas de Moret de 1884 y de Silvela de 1891. Con Franco las regiones se postergan en pro de las Diputaciones y con la democracia ya conocemos el pucherazo de 1980 para doblegar la soberanía popular contraria a la creación de la artificial autonomía de Andalucía.

La división natural en reinos -como en Gran Bretaña- debería haberse respetado y hoy no sería cuestionada por ningún cóctel de deseos político-administrativos. Hasta el bakuninista alcalde de La Línea -casualmente Franco-, que arrasó el 26-M, pide su propio procès y su constitución como ciudad autónoma, al más puro estilo cantonal, aunque sin Mr. Witt.

La desaparición de las CCAA es complicada -con políticos apoltronados-, y el Estado federal hoy es inviable y dudo mucho que el pueblo lo refrendara. Pero sí es posible servir café a quienes se les negó, como a Granada, que ha sufrido una pérdida total de sus derechos históricos y de su papel hegemónico durante 6 siglos, procurándole, -la CE lo prevé-, su constitución como CCAA, porque Granada no se merece estar a la cola de la democracia ni sin autonomía.