El Ejecutivo ha aprobado un anteproyecto de ley para limitar los aforamientos que necesitará para salir adelante de una reforma constitucional y el apoyo de tres quintos de los miembros del Congreso y del Senado. La iniciativa prevé que los diputados, los senadores, los ministros y el presidente del Gobierno sólo podrán ser juzgados por el Supremo cuando el asunto afecte a las funciones inherentes a su cargo. En el resto de los casos, y cuando se produzca el cese, serán examinados por jueces de tribunales ordinarios. La idea parece tan necesaria como insuficiente: quedan fuera decenas de miles de personas (incluidos los parlamentarios autonómicos) y debería ser completada con una mudanza en el sistema que permite a los grandes partidos elegir a los componentes del poder judicial que, a su vez, designan a los miembros del Supremo. Aún así, la clase política tendrá que enfrentarse al espejo consciente de que la mayoría de los ciudadanos condenará a quienes busquen y encuentren excusas para torcer el plan con el fin de mantener la bula.

El proyecto ya ha sido contestado a derecha e izquierda. Lo que el PP estima excesivo es considerado insuficiente por Unidos Podemos. Pablo Casado se ha apresurado a declarar que no es necesario "abrir en canal" la Constitución para combatir la corrupción. Algo inquietante, puesto que la Constitución se defiende mejorándola y el PP, que posee mayoría absoluta en la Cámara Baja, puede bloquear cualquier cambio. Las formaciones situadas a la orilla izquierda del PSOE, por su parte, pretenden impulsar la convocatoria de un referéndum y acabar con los privilegios de la Casa Real. La decisión responde al principio de igualdad entre los españoles: ningún derecho de sangre justifica que alguien (tampoco el jefe del Estado o sus familiares próximos) goce de inmunidad ante la ley. Pero el empeño puede generar confusión y servir de coartada a quienes aspiran a enmendar la totalidad, torpedear cualquier alteración y dejar las cosas como están. De hecho, desde la formación conservadora ya han anunciado a través de la diputada Beatriz Escudero que "la Corona no se toca". En ocasiones, lo mejor es enemigo de lo bueno.

La reforma es fundamental para sanear la vida pública y la imagen de sus protagonistas. La historia reciente ha propagado la sospecha de que son legión los políticos que han aprovechado los privilegios del cargo para esconder delitos, retrasar la hora de sentarse en el banquillo para responder por ellos y hacer mutis por el foro.