EL Gobierno andaluz aprobó en el último consejo del año 2010 un decreto ley que, aunque desapercibido en la vorágine navideña, puede ser importante para establecer un marco más fluido a las iniciativas empresariales con capacidad de generar riqueza, innovación y empleo. El decreto incide en la necesidad de facilitar la actividad de empresas de tamaño mediano, aún muy escasas en nuestra comunidad (el 94% del tejido empresarial andaluz está concentrado en sociedades con menos de diez trabajadores) a pesar de su indudable efecto arrastre en el conjunto del sistema económico y su posicionamiento favorable en términos de competitividad. De acuerdo con la nueva normativa, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Junta podrá declarar "de interés estratégico para la comunidad" aquellos proyectos de inversión que generen cadenas de valor añadido en la industria o los servicios, supongan nuevas actividades con alto potencial tecnológico e innovador, potencien la implantación de la sociedad del conocimiento, implanten actividades sustitutivas de sectores en declive o aporten a la cohesión territorial y el desarrollo de zonas desfavorecidas. Los proyectos que reciban esta catalogación oficial se verán favorecidos por una tramitación preferente, que reducirá los plazos habituales a la mitad, o, en su caso, una tramitación de urgencia que obligará a todos los órganos institucionales implicados. Al mismo tiempo, las iniciativas que lleven consigo alteraciones del planeamiento territorial o urbanístico y sean consideradas de interés autonómico se verían favorecidas por mayores facilidades para la expropiación forzosa, la modificación de planes de ordenación del territorio de ámbito subregional y la obtención de licencias. Este decreto responde a una necesidad reiteradamente expuesta por las organizaciones empresariales: abrir puertas a la inversión y agilizar la actividad de los emprendedores, tantas veces lastrada por un funcionamiento lento y pesado de la maquinaria administrativa.