CON una tasa de un 35% de desempleo, está más que justificado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, intente llegar a un acuerdo de concertación social con los sindicatos y la patronal. Sería el octavo de la historia autonómica andaluza, pero para ser tomado en serio y gozar de cierta credibilidad en sus fines debería cumplir dos requisitos: primero, que estén bien dotados, y si no de grandes fondos porque no los hay, de acuerdos para que la economía andaluza recupere su tejido, aumente la competitividad y afiance la internacionalización de los sectores punteros y, segundo, que su fin no sea la financiación, directa o indirecta, de los dos sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- y la patronal CEA. Porque en ediciones anteriores los acuerdos de concertación se han centrado en eso, en conseguir la llamada paz social mediante un acuerdo de carácter crematístico con los representantes de los trabajadores y de los empresarios. No es esto ni debería de serlo: es más, si el acuerdo de concertación se reduce a una buena fotografía y a un reparto discrecional de fondos, mejor ahorrarse las palabras, incluso, para explicarlo. Ahora bien, por encima de esto, Andalucía necesita de un clima de entendimiento entre el Gobierno autonómico, las centrales sindicales y las agrupaciones de empresarios; es necesario alcanzar un estado donde las relaciones sean más fluidas en un contexto de una gravedad extrema, y después de que las tres partes hayan pasado por casi un año de escasos entendimientos. Pero, quizás, hay un factor más: posiblemente, el resultado de las elecciones catalanas produzca intentos de modificar la estructura territorial de España de donde Andalucía pueda quedar relegada entre las pulsiones de un neocentralismo asociado con un trato diferencial para las llamadas comunidades históricas. El acuerdo del Gobierno, sindicatos y empresarios también debe formar parte de ese germen de reivindicación colectiva. Por si Andalucía necesitara encontrar una voz común.