No es justo todo lo que dicta un juez. Ni lo que dictan dos. Ni lo que dictan cuarenta. No es justo que los clientes paguen los impuestos de las hipotecas cuando deberían hacerlo quienes se lucran con ellas. No es justo, o así lo entienden millones de españoles, que, en una actuación sin precedentes, y por muy ajustada a derecho que esté, la sala de lo Contencioso Administrativo se reúna en Pleno y tuerza las sentencias de una sección del propio Tribunal Supremo que contemplaban lo contrario. No es justo ni con los ciudadanos ni con la propia justicia y su imagen, que ha quedado gravemente herida. El fallo, el enorme fallo de los magistrados (participaron 28), evidencia que no todo lo permitido por la ley se atiene a lo que recomiendan la moral y el interés público. Y ha producido dos efectos inmediatos. El primero, que aquellos que habían sido derrotados, los bancos, no sólo no pagarán, sino que obtienen beneficios inmediatos con la revalorización de sus acciones en bolsa. El segundo, que el gentío, convertido en un inmenso jurado popular, haya entendido que nos encontramos ante un nuevo rescate bancario a costa de los clientes y pida a gritos una rectificación. De ahí la reacción fulgurante y adversa de la práctica totalidad de los partidos con tres elecciones, autonómicas, locales y generales, en puertas. Y de ahí el anuncio de Pedro Sánchez de que de ahora en adelante sean las entidades financieras las que se hagan cargo del impuesto, lo que supone amnistiarlas de sus abusos pasados y sustentados, o no, en la letra chica de los contratos.

Algunos políticos y muchos expertos se han apresurado a advertir que los bancos inventarán cualquier otra figura o aumentarán los intereses para recuperar lo que pierdan con este gasto, lo que viene a fortalecer la sensación de que la banca siempre gana y su poder está por encima del de los propios gobiernos, incapaces de ponerle rienda. La decisión del Supremo ha dejado a la justicia en cueros. Si, como sucedió con las cláusulas suelo, y ocurre con otros tantos asuntos, es recurrida y ganada en los tribunales europeos, el daño al sistema vendrá propiciado por quienes más preocupados y ocupados deberían de estar en su defensa. En un régimen democrático, a la justicia hay que respetarla, no temerla. Y el respeto se gana. O se pierde con sentencias puñeteras como ésta. No basta con enfundarse una toga ostentosa y cañí. Dicho sea con la venia. O sin la venia.