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El Gobierno regional ha propuesto una ley contra la obesidad en Andalucía. Argumenta que estamos en la segunda comunidad autónoma con más sobrepeso. Esta ley para la promoción de una vida saludable está llena de buenas intenciones. La obesidad, el tabaco y el alcohol son los principales factores de riesgo para la salud. Pero legislar en la materia en una región parece un brindis al sol: normas que limiten la fabricación o publicidad de los alimentos serían de imposible aplicación en una parte de España. Imaginemos que se hubiese hecho la ley antitabaco sólo en Andalucía...

Una de las reformas constitucionales más urgentes es delimitar las competencias exclusivas del Estado y las autonomías, que la Constitución del 78 no dejó claras y el Tribunal Constitucional ha enmarañado aún más. Pero si hay algo que no se cuestiona es la administración regional de la sanidad. La Consejería de Salud sostiene que hay un 18,7% de población obesa en Andalucía y 22,5% en niños. La Sociedad Española de Cardiología, en un informe de este año, sitúa el porcentaje de obesidad andaluza en 24,4, por detrás de Asturias y Galicia, pero seguida muy de cerca por Aragón y las dos Castillas. Y con más sobrepeso figuran Murcia, Canarias o Cataluña. Este es un claro problema nacional que necesita una ley estatal. Hay algún precedente, como la estrategia NAOS, puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad hace más de una década.

El anteproyecto de Ley andaluz ha sido bien acogido por la comunidad científica. Pero una cosa es establecer normas de comida sana en los colegios, el tamaño de los menús, el agua potable gratuita en los bares o fomentar el ejercicio, y otra el control regional de fabricación o publicidad de alimentos muy grasos o con exceso de azúcar. Esto no excluye campañas públicas. Hay experiencias locales sugestivas conocidas en el panel de expertos consultados para esta ley. Por ejemplo, un caso en Oklahoma de formación y motivación colectiva para reducir el peso global de toda su población.

Una legislación tan capital incluso sería deseable que se hiciese en el ámbito europeo. Un informe del año pasado de la OMS sobre 53 países señalaba que un 59% de los europeos padece sobrepeso, y colocaba a España en el noveno lugar de la clasificación. Aunque ya hay normas de la UE sobre propiedades saludables de los alimentos o un plan contra la obesidad infantil, aquí hay una buena tarea para la Comisión, el Consejo y los 751 eurodiputados, que son muchos. Y quizá son también demasiados los 109 del Parlamento andaluz, sobre todo si legislan para la galería. Pero nadie habla de reducir. Al contrario, el presidente Griñán llegó a explicar que Andalucía debería tener 167 escaños en su Parlamento si aplicara la ratio habitantes/diputados de Madrid o 142 si se contara su crecimiento demográfico desde 1982. Los solapamientos a veces producen obesidad parlamentaria. Es otra obesidad regional.

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