Rosa de los vientos

Pilar Bensusan

bensusan@ugr.es

Objetores ya

La Administración electrónica no puede obligar a los ciudadanos a operar en un mundo que no es real

Ante la acogida de mi anterior artículo sobre la deriva dictatorial de las Administraciones españolas hacia la absoluta obligatoriedad del uso por los administrados de la Administración electrónica, hago ahora alguna apreciación más al respecto en el deseo de que, al igual que los bancos se han visto compelidos a atender a quienes no manejan la banca electrónica, las Administraciones cumplan su misión constitucional: servir a todos los ciudadanos, máxime cuando somos quienes las costeamos.

No obstante mi pericia en el manejo de la e-Administración, quiero ser objetora, porque su obligatoriedad, que nos han impuesto como práctica administrativa y/o como deber legal, es inconstitucional. Por razones de orden ético, moral, filosófico, económico, privacidad, salud mental, física, edad, inapetencia…, la Administración no puede obligar a los ciudadanos a operar en un mundo no físico, no real, no existente, además esa obligatoriedad atenta gravemente contra nuestros derechos fundamentales y libertades públicas: libre desarrollo de la personalidad, no discriminación y libertad ideológica. Para más inri, tenemos nosotros que pagar la infraestructura para operar con ella.

Da igual que las webs de las Administraciones sean un desastre o magníficas, nunca puede ni podrá ser obligatorio su uso ya quiera pedir cita o realizar cualquier trámite procedimental, pero la Administración nos obliga dictatorialmente a solicitarlo todo por internet.

Y mientras nosotros luchamos horas con aplicaciones usualmente obsoletas o desastrosas, los funcionarios, cuya misión es atender a los ciudadanos y tramitar sus peticiones, han encontrado la gallina de los huevos de oro para no atender al público y reducir su trabajo. La atención al público por los funcionarios es prácticamente misión imposible: cita previa con teléfonos colapsados o páginas web que no funcionan; cuando logras el hito de la cita y llegas a una Administración blindada con escáneres, arcos de seguridad, mamparas, geles, guantes y mascarillas, si un funcionario del Grupo D te resuelve el problema, te ha tocado la lotería, aunque lo más probable es que te señale un cartel con otra dirección web y te diga que ahí tienes los formularios para rellenar y registrar electrónicamente.

Mientras, comerciantes, autónomos, profesionales…, también docentes -funcionarios del Grupo A-, tenemos que lidiar con cientos de alumnos, usuarios o clientes sin mascarilla, que ni han pedido cita previa ni pasado por escáner alguno.

Hay que acabar con el castillo en el que se han blindado unas Administraciones con funcionarios más privilegiados ahora que en sus 200 años de historia. Cómo: haciéndonos objetores de las e-Administraciones y conminándoles a darnos un trato humano, igualitario y constitucional. Es su obligación.

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