El Consejo del Poder Judicial, por amplia mayoría, se ha mostrado disconforme con la intención del Gobierno de ilegalizar la Fundación Francisco Franco utilizando la vía de la Ley de Memoria Democrática que, a trancas y barrancas, anda perpetrando. La exaltación del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o la humillación de las víctimas, por muy alejada que esté de los valores constitucionales que comparte la mayoría, no constituye por sí un delito de odio, sino que entra en el terreno de la libertad de expresión de las ideas, vienen a sostener los jueces, con bastante mejor criterio y mucho más sentido común que el que vienen demostrando ciertos miembros del Gobierno y sus terminales mediáticas.

Su vicepresidenta Carmen Calvo ya se ha adelantado para sentenciar por su cuenta que "enaltecer al franquismo es seguir vilipendiando a las víctimas y sus familiares". El argumento no puede ser más absurdo. Según este, cualquiera que tenga una ideología que vaya más allá de las que dominan las democracias liberales, desde el conservadurismo a la socialdemocracia clásica, puede ser acusado por delito de odio. En España todavía, afortunadamente, se puede votar a Vox o a los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez, incluso a Podemos, sin que por ello necesariamente te acusen de justificar la masacre de Badajoz o los crímenes de Stalin, respectivamente. El propio Pedro Sánchez defendía recientemente la figura de Largo Caballero, y tampoco vamos a hacerlo responsable de la revolución del 34 contra el Gobierno legítimo de la República por esto.

Cualquiera que se dé una vuelta por la página web de la Fundación Franco dejando antes aparcados los prejuicios, podrá comprobar que su objetivo no es otro que el recuerdo (en términos elogiosos, ciertamente) del General Franco y su obra. Una visión más nostálgica que otra cosa de quien fue, para bien o para mal, una figura histórica y política que estuvo al frente del Estado durante cuarenta años hasta su muerte en la cama, siendo en todo caso deseable que su valoración recaiga sobre todo en los historiadores, que los hay muchos y buenos, y no en tanto político sectario. Nada hay, como acertadamente ha expuesto el CGPJ, que justifique su cierre o liquidación, como pretenden los que o tienen otra cosa que hacer que mirar siempre hacia atrás con lo mucho e incierto que se nos viene por delante.