Blanca, morada, amarilla o arcoíris. Mareas, conciencia social o cabreo colectivo. En cualquiera de sus posibles versiones sustantivas o calificativas, hay movimientos sociales que a veces -no siempre- nacen auspiciados por poderes o facciones políticas, pero una vez que adquieren cuerpo tienen vida propia y hasta se pueden revolver contra quienes los engendraron. Estamos en un tiempo para no perderlos de vista. La olla hierve, los partidos lo saben y tratan de no salir muy escaldados. Que se lo digan a los del PP andaluz cuando ven las batas blancas madrileñas y se acuerdan de Granada a finales de 2016. O al alcalde Paco Cuenca, que en un gran ejercicio de contorsionismo político se pone la pegatina amarilla para reclamar en la calle infraestructuras al Gobierno del PSOE.

El día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer suele ser una marea morada. Aunque siempre debió servir como excusa para la unidad, social y política, contra uno de los grandes problemas sociales, los partidos de izquierdas han abanderado esta causa, lo que en los últimos años ha venido parejo al impúdico afloramiento del negacionismo en una parte de la derecha. Pero este último 25-N ha dado uno de esos giros complicados. El día ha estado marcado por la aplicación de la Ley del solo sí es sí, cuyas consecuencias están siendo la revisión masiva de penas a delincuentes ya condenados por agresiones sexuales.

Podemos, el partido que engendró esta ley, ha tenido muy difícil afrontar las habituales reivindicaciones de protección de la mujer en plena cascada de resoluciones judiciales que cada día aflojan las condenas de prisión a los maltratadores. Tampoco el PSOE, como parte del Gobierno y del grupo parlamentario que amparó la ley, ha afrontado su 25-N más notable. Y mientras, desde los partidos de derechas, se produce un apedreamiento dialéctico por la “excarcelación de violadores”, sin temor alguno a crear la mayor alarma social.

Lo que más se le ha reprochado a la ministra Irene Montero fue su reacción contra los jueces al conocer las primeras reducciones de penas. Los llamó “machistas”, así, en general. Y los habrá, como los hay en todas partes, incluso en su partido. Pero ese ataque genérico a uno de los poderes del Estado desde otro es ya un problema cada vez más preocupante para la democracia.

En Granada, tres magistrados del TSJA se vieron “obligados” a recortar la pena de cárcel a un hombre que había forzado a su exmujer para mantener relaciones sexuales mientras la amenazaba con un cuchillo en su casa de Alhendín. ¿Significa eso que los jueces Rafael G. Laraña, José Manuel de Paúl Velasco y Juan Ruiz-Rico son unos machistas? ¿Que estos magistrados de tan larga y reputada trayectoria estaban deseando aliviar la pesada carga del reo, porque al fin y al cabo no hizo más que violar a su expareja bajo amenaza de muerte?

Al margen de ideologías políticas, es un mensaje que atenta contra el sentido común de la gente y eso en política es muy peligroso. Además, los líderes de Podemos no entienden de medias tintas, porque nadie en su entorno puede cuestionar la ley o al menos quedarse en un prudente silencio, como la ministra Yolanda Díaz. O estás conmigo o contra mí; o estás con mi ley o eres une machista.

Todo esto tampoco justifica que un partido que se presenta como democrático (Vox) se suba a la tribuna parlamentaria para llamar “libertadora de violadores” a la ministra y “obsesos sexuales” a los miembros del Gobierno de este país. Y todo ello retransmitido casi en directo y aplaudido por miles de odio-tweets en las redes sociales. Como decía esta semana Pablo Alcázar en su columna de este periódico, "parece que Chanel, la Rosalía y los políticos han renunciado a comunicarse de forma comprensible y, maltratando y dando la espalda a sus lenguas maternas, usan, aquellas, sus cuerpos agitados por el reggaetón o la bachata para alentar instintos básicos, expresándose en un esperanto sexual muy primario y destrozando las lenguas naturales; y, estos, emiten desde sus escaños gritos, gruñidos y rugidos, en lugar de razones y argumentos".

Oleaje sanitario con Granada de fondo

Entre los efectos de esta ley, con sus respectivos rugidos políticos, las reformas legales para conseguir el favor de los partidos independentistas y acuerdos como el de Navarra con Bildu, el Gobierno ya debería de notar ese caldo social en ebullición. Podemos corre el riesgo de seguir el camino marcado por Ciudadanos y el PSOE mucho tendría que virar en este último año.

Pero las mareas y el oleaje social van para todos lados y el PP no debería lanzar las campanas al vuelo mientras asistimos a esos movimientos populares por la sanidad pública que afectan ya de lleno a Madrid, pero que amenazan con extenderse a otras Comunidades como Andalucía. Los diez días de espera para ver a tu médico de cabecera, quien además no tendrá más de unos minutos para atenderte, son ya algo que la sociedad empieza a considerar insoportable. Porque ya no vale la excusa de la pandemia, ni a la gente le sirven esas cifras de aumento de inversión que el Gobierno de Juanma Moreno esgrime cada día. Quieren abrir su calendario de citas cuando están enfermos y ver que su médico les puede atender en un tiempo razonable. Que su posible problema serio no se solventa con una foto que le mandan a un especialista al que ni siquiera verán la cara.

Granada y la marea que encabezó el médico Jesús Candel, Spiriman, desde finales de 2016 contra la fusión hospitalaria decidida por el Gobierno socialista de Susana Díaz son el mejor de los ejemplos de hasta dónde puede alcanzar el descontento social. El PP andaluz, que en aquel momento vio como aquella oleada se extendía desde Granada al resto de la Comunidad y se llevaba buena parte de las opciones del PSOE de seguir en el Gobierno, no debería minimizar la situación actual. Sobre todo con unas elecciones municipales a las puertas en las que se pretender evaluar si la arrolladora victoria de junio tiene traslación local.

La conquista de la calle 

En esa clave municipal, donde los socialistas esperan que los votantes valoren la situación particular de cada localidad, de cada alcalde, el regidor de Granada, Paco Cuenca, se ve fuerte para repetir. Su partido es consciente de la dificultad histórica de esta ciudad, por su tendencia mayoritaria a la derecha en distritos tan importantes como el Centro o Ronda. Lo que no se pueden permitir para mantener sus opciones es volver a perder el favor de sus barrios, como son el Zaidín o La Chana. Esto ya ocurrió en las autonómicas y el PP obtuvo un resultado histórico en la capital. Si para eso Cuenca tiene que ir a una manifestación en su barrio y ponerse una pegatina reivindicativa, pues se hace.

La semana pasada, el alcalde se volvió a unir a la marea amarilla como en tiempos de Rajoy. Se sumó a los que piden el soterramiento de las vías del tren lo antes posible y protestaban contra la decisión del Gobierno central de dejar en suspenso el estudio ya licitado. Es el gobierno municipal liderado por Cuenca el que acordó con el Ejecutivo central (así lo han afirmado desde el Ministerio) esperar a valorar nuevas opciones para ubicar la estación de ferrocarril, que quedarían reflejadas en el nuevo Plan General urbanístico de la ciudad; un documento que, como todo el mundo sabe, requiere un largo recorrido temporal. Una patada hacia adelante en toda regla, pero eso se decide en los despachos y la calle es otra cosa.