EN las manifestaciones del pasado domingo, la reivindicación principal fue el rechazo del Pacto del Euro, un texto aprobado en marzo por los jefes de Estado y de Gobierno de la Zona Euro, que pretende encauzar las crisis, ocurridas o por ocurrir, de algunos de los países que la integran. Ese Pacto, pendiente de discusión en el Parlamento Europeo, nace del hartazgo de los países ricos: no están dispuestos a seguir prestando dinero a los países en dificultades (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia…) si éstos no inician un camino de reformas que posibilite en el futuro la devolución, total o parcial, de lo prestado. Impulsar la competitividad, impulsar el empleo, aumentar la sostenibilidad de las finanzas públicas, reforzar la estabilidad financiera y controlar el déficit, constituyen los objetivos básicos de su contenido. Para lo primero, propugna vincular salarios y productividad, moderar los sueldos y fomentar la inversión en I+D. Para lo segundo, propone rebajar los impuestos a las empresas, aumentar la flexibilidad laboral y luchar contra la economía sumergida. Para lo tercero, ordena reducir los déficits presupuestarios por debajo del 3% (lo que, a su vez, exige racionalizar, para garantizar su viabilidad, el sistema de pensiones, el sanitario y las prestaciones sociales). Para lo cuarto, parece buscar la coordinación de las políticas fiscales (lo que, de hecho, casi conduce sólo al aumento del IVA) y reclama una genérica e indeterminada persecución del fraude. Para lo quinto, y último, establece límites: las respectivas legislaciones nacionales tendrán que fijar topes tanto para la deuda pública, como para el déficit del Estado.

Frente a ese exigente marco, los indignados demandan la retirada del texto, aunque sin explicarnos claramente cuál es su alternativa. Desde luego no es posible que nuestros "amigos" pasen silenciosa y permanentemente por caja. Tampoco, que financien ad infinitum los despilfarros de gobiernos que gastan muchísimo más de lo que recaudan. Van quedando, así, pocas opciones: si España desoye el Pacto del Euro y se empeña en mantener el mismo nivel de gasto, necesitará encontrar nuevos financiadores (lo que francamente es muy improbable) o, finalmente, se arriesgará a una, esta vez sí, durísima bancarrota.

Resta, por supuesto, una solución radicalmente diferente: renunciar al actual sistema económico (y político), adentrándonos de nuevo en viejas fórmulas (colectivistas, por ejemplo), de cuyo fracaso Europa todavía guarda triste y penosa memoria. ¿Es esto lo que en el fondo se pide? ¿Aceptan todos los airados, más allá del enfado, las verdaderas consecuencias de lo que solicitan? Permítanme, al menos, dudarlo. Y, porque sería absurdo dilapidar tantos esfuerzos en utopías caducadas, permanecer a la espera de un proyecto útil, realista y válido que dote de sentido al grito, a la movilización y a la esperanza.