Los miembros del nuevo Gobierno de coalición prometieron sus cargos con lealtad al Rey y a la Constitución, pero no han tardado en arremeter contra uno de los pilares en los que se fundamenta el Estado: la independencia del poder judicial. El propio presidente ha levantado una evitable polémica política y jurídica al designar como Fiscal General del Estado a la que horas antes era ministra de Justicia, Dolores Delgado, seguramente con la intención de reafirmar lo dicho en anteriores declaraciones aseverando "¿De quién depende la Fiscalía?". Un nombramiento legal, pero, por los vinculaciones institucionales con el actual Gobierno, no parece ni ético ni estético. Numerosas asociaciones de fiscales han criticado la designación por la sombra sobre la independencia de un pilar fundamental del Estado.

Por si fuera poco, no ha tardado el actual vicepresidente, Pablo Iglesias, en criticar severamente a los máximos organismos jurídicos, afirmando que sentencias del Supremo sobre independentistas han "humillado" al Estado, cuando tribunales europeos no han estado de acuerdo con algunos términos de las mismas, ignorando, cosa muy de Iglesias, que las sentencias no se han hecho por 'ideas políticas', sino por delitos concretos muy graves como los de sedición y malversación. El Consejo General del Poder Judicial -donde hay miembros de diversas tendencias- ha tenido que salir al paso de estas descalificaciones pidiéndole a Iglesias "moderación, mesura, prudencia y respeto institucional", recordándole que los Tribunales españoles están para cumplir la Ley. La contrarréplica del Gobierno ha sido peor todavía, acogiéndose a la libertad de expresión, esgrimiendo que hay que renovar el poder judicial, en una velada apuesta por el control de la Justicia, el sueño de estados totalitarios, cosa que, por fortuna, todavía, no es el nuestro, sino un Estado de pleno Derecho, donde hay división de poderes. El nuevo Gobierno no debería menoscabar el prestigio de los tribunales de Justicia para satisfacer a sus socios independentistas que hacen similares ataques a decisiones judiciales que les afectan.

Desjudicializar la política no es politizar la justicia. Sánchez e Iglesias deberían tenerlo muy en cuenta, aunque deban sus poltronas a los apoyos de nacionalistas y soberanistas, muchos de cuyos líderes están en prisión o prófugos de la Justicia española. ¿Hasta qué punto llegará al Gobierno en concesiones a los independentistas, que se reafirman en sus peticiones de autodeterminación y amnistía, para mantener sus sillones y el reparto de cargos? Deben aceptar que no les basta con esconderse ridículamente en el escudo de la derecha, para desprestigiar la crítica pública que merezcan sus actuaciones o incumplimientos.