Con todo respeto: el presidente del Gobierno no sabe dónde vive, no tiene ni idea de cómo están sufriendo los españoles. No pisa la calle y no conoce por tanto los problemas de la gente. No es de este mundo. Si lo fuera, no habría acudido al Congreso de los Diputados para presentar España como un país de ensueño. No diría, el día que se anuncia que no habrá vacuna Janssen hasta no se sabe cuándo, que España es uno de los países que mejor lleva el proceso de vacunación, a pesar de que no llega al 7% el número de vacunados con las dos dosis. Ni diría que no es necesario prorrogar el estado de alarma y que cada uno debe responsabilizarse individualmente de su salud, ni diría que está en marcha "el plan más ambicioso de recuperación". El presidente es un ignorante, un mentiroso o carece de vergüenza. Y que conste que cuesta, que duele, duele expresarse en estos términos sobre un presidente.

El "plan más ambicioso" depende de que la UE dé luz verde al proyecto del Gobierno, y de momento ni siquiera lo ha enviado a Bruselas. Pero lo que cuentan en la capital comunitaria es que existen muchos recelos respecto a lo que ha trascendido sobre el proyecto del Gobierno español. Bruselas tiene sus propias teorías respecto a lo que debe hacer España para que salgan las cuentas y se utilice el fondo de recuperación para poner en orden la economía; no para llevar a cabo políticas cargadas de ideología y para premiar a sectores, empresas y chiringuitos afines a los que gobiernan.

En cuanto a la prórroga del estado de alarma, en lugar de arremeter contra el PP por haber votado en contra hace unos meses y apuntarse ahora a la prórroga, lo que corresponde al Gobierno es buscar la manera de paliar las consecuencias de una decisión que puede perjudicar gravemente a la ciudadanía. Sánchez tiene la obligación de tomar las decisiones para que las autonomías puedan adoptar medidas indispensables para luchar contra la pandemia, y que quedan en un vacío legal tras el estado de alarma: confinamientos parciales o perimetrales, normas para regular la actividad comercial, ocio y hostelería, ayudas a sectores más castigados, centros docentes, traslados, aceptación de turistas y medidas sanitarias. No se puede permitir que la política y el electoralismo -ay, el 4-M- dejen a los españoles indefensos ante una pandemia que el Gobierno no ha sabido gestionar y que ahora pretende que la combata cada uno como dios le dé a entender.

Eso sí, para promover el optimismo en el futuro económico anuncia unas medidas fiscales que van a crujir a los ciudadanos. A hombres y mujeres que no saben qué más hacer para dar a sus hijos de comer. Y no es demagogia.