En estos días, las autoridades educativas debaten sobre la mejor forma de planificar el próximo curso escolar asegurando los máximos niveles de prevención y de seguridad sanitaria, junto a una normalidad adecuada en el desarrollo de las actividades académicas. Una de las dificultades de esta planificación tiene que ver con el hecho de que es difícil pronosticar la situación epidemiológica en la que nos encontraremos en septiembre y a lo largo del próximo curso. Es por eso que el abordaje de la planificación del próximo curso escolar se tendrá que hacer sobre la base de hipótesis y escenarios epidemiológicos teóricos, que conlleven respuestas preventivas y organizativas adecuadas a cada escenario.

La incertidumbre es por tanto una característica de este proceso de planificación del próximo curso escolar. Y junto a ello, los condicionantes estructurales que pueden tener las instalaciones educativas para asegurar la organización de las actividades académicas en la manera que sea recomendable para cada escenario. Afrontaremos esta planificación en un contexto en el que el papel protagonista lo tendrán las Comunidades Autónomas, que tendrán en cuenta las características concretas de sus territorios y de sus recursos educativos. Ello no obsta para considerar aportaciones concretas que permitan la coordinación necesaria y, sobre todo, las garantías de igualdad en el derecho a la educación reconocido en la Constitución española. Están en juego las garantías de protección a la salud y las garantías de acceso equitativo a una educación de calidad; es por eso que se hace necesario articular las mejores respuestas para evitar brechas y desigualdades en el ámbito educativo. El reto es enorme y debe asumirse la necesidad de avanzar sobre la base de consensos expertos y políticos.

Para alcanzar el consenso experto estoy convencido que ayudaría mucho a las autoridades educativas y a los padres y madres que hubiera un comité de expertos para guiar las decisiones a adoptar en cada escenario. Este comité debería ser de carácter estatal, incorporando a expertos sanitarios y del ámbito educativo elegidos por el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas. Quedan desafíos muy relevantes para superar que requieren que los responsables públicos vayan de la mano unos de otros y todos de la mano de los expertos. Ojalá lo hagan. Diferentes respuestas sin base epidemiológica que las justifiquen pueden dar lugar a errores de consecuencias fatales.