La democracia es un asunto muy serio porque es el mejor instrumento que hasta ahora ha encontrado la sociedad civilizada para resolver los conflictos y para asegurar un relativo y satisfactorio progreso social. Es, además, un vehículo imprescindible para el desarrollo de políticas que ayuden a alcanzar cotas razonables de igualdad social y, también, un mecanismo eficaz para encontrar los cauces que permitan la convivencia social.

Estoy seguro de que la inmensa mayoría de la sociedad coincide con esta valoración sobre la democracia y su importancia para la sociedad.

Es por eso que debemos sentir una honda preocupación y manifestar un gran reproche a los responsables del caso que estos días abre muchos de los informativos de los medios de comunicación y, según el cual, un grupo de policías bajo las órdenes de la cúpula del ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, habría desarrollado actividades de espionaje ilegal para articular una campaña contra Pablo Iglesias para desacreditarle a él y a Podemos en su pretensión de llegar al Gobierno ese España. A este grupo se le ha denominado policía patriótica.

Sea cual sea el resultado del proceso judicial en marcha (previsiblemente con imputados que podrían ser condenados), cualquier demócrata y cualquier ciudadano debe ser consciente que este es un hecho de enorme gravedad por lo que implica de absoluto desprecio a la democracia. Con lo que se conoce, no puede ser otra la valoración de estos acontecimientos.

Es también síntoma de un problema de enorme calado porque afecta a la imagen y al papel de los medios de comunicación y de los periodistas, que debiera ser siempre fiel cumplidor de una ética social alineada con la verdad y la democracia como compromiso con la sociedad a la que deben servir.

Por tanto, no sólo afecta a los miembros de un Gobierno que no debió saltarse nunca la legalidad y que debería respetar siempre los resultados de la decisión libre de la ciudadanía en las elecciones; es también un problema de que afecta al papel de la prensa así como un problema del poder económico que eventualmente podría haber avalado, apoyado o financiado este tipo de acciones.

Lamentablemente parece que hay muchas cosas que arreglar en nuestro país y no solo en relación a problemas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Hay problemas estructurales como este que tendrán que resolverse con el trabajo eficaz y conjunto de los tres poderes del Estado. Por ahora, el poder judicial sigue haciendo su trabajo. Pero todos debemos implicarnos en acabar con este tipo de hechos. Por el bien de la democracia.