La ciudad y los días

Carlos Colón

ccolon@grupojoly.com

Política de Cataluña quemada

Forzar, forzar, forzar… No tienen otra estrategia. Su mayor enemigo es la normalidad democrática

Se comprende que los independentistas insistan en la imposible opción de que Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat. Sea como sea. Incluso interviniendo desde el Parlamento flamenco, la peña flamenca Torres Macarena o la Pies Plomo. Lo mismo les da. Saben que es legalmente imposible y eso es precisamente lo que les interesa: forzar las situaciones, forzar al Gobierno y forzar a las más altas instituciones del Estado -enfrentándolas de paso entre ellas- para fomentar el victimismo e insistir en su estrategia de presentar a un estado democrático como represor heredero del franquismo. Forzar, forzar, forzar… No tienen otra estrategia. Su mayor enemigo es la normalidad democrática. Por eso han optado, de entre todas las opciones posibles, por la imposible.

Lo que es difícil de comprender es que el Consejo de Estado no avale la presentación del recurso presentado por el Gobierno porque sus argumentos se basan en "hipótesis de imposible constatación" que no tienen en cuenta "la diferencia entre la verosimilitud de una previsión y la certeza de su realización". Dado lo sucedido entre septiembre y octubre, que Puigdemont cometió los delitos que se le imputan ante las cámaras de televisión y que desde entonces ha insistido en ello tras fugarse al extranjero, sorprende la postura del Consejo. Al igual que sorprende que el Gobierno se haya tirado a la piscina sin comprobar antes si había agua. El éxito de los independentistas estaba asegurado: si el Gobierno hubiera esperado que los hechos se consumaran se le habría acusado, como sucedió durante el proceso, de pasividad; y si presenta, como ha hecho, el recurso se arriesga a recibir el bofetón que ha recibido.

En estas condiciones, adversas pero no vinculantes, el recurso pasó ayer ante un Constitucional dividido para mayor gozo de los independentistas. Decida lo que decida (a la hora de enviar este artículo no se había pronunciado) irá en beneficio de la traidora política de sabotaje institucional y constitucional en la que insiste el Parlament. El precio político a medio y largo plazo lo pagarán los catalanes y el resto de los españoles. Pero a corto plazo lo está pagando el Gobierno, que es lo que interesa a unos independentistas cuyos planes carecen de futuro político viable tanto en el marco constitucional español como en la UE. Lo suyo es una política kamikaze de tierra quemada, de Cataluña quemada.

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