EL proyecto de ley de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma andaluza para el año 2013, aprobado el miércoles por el Consejo de Gobierno, ha sido el primero enteramente pactado por los dos partidos de izquierda (PSOE e IU) que integran el Ejecutivo presidido por José Antonio Griñán. El primer Presupuesto del Gobierno bipartito ha sido presentado como el de más ambición social en el panorama autonómico español. "Presupuestos de resistencia" los ha denominado la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguado, sugiriendo que con ellos Andalucía resiste a la política de recortes del Gobierno de la nación, lo que se denotaría en el mantenimiento de las prestaciones educativas y sanitarias y en el fomento del empleo como ariete para afrontar el problema número uno de la comunidad. Hay que matizar, no obstante, que los datos del presupuesto 2013, que maneja cifras semejantes a las de 2007, vienen lastrados por la gravedad de la situación económica y financiera, que apenas deja margen de maniobra para una política presupuestaria autónoma y específica. En efecto, el margen de maniobra que le quedaría a la Junta de Andalucía aparece muy mermado por una doble carga. Por un lado, los gastos financieros a los que hay que hacer frente experimentan un aumento del 30% a causa del nivel de endeudamiento ya contraído y del que la Junta se dispone a contraer tras la flexibilidad concedida por el Gobierno. Por otro, la caída de la inversión, en un 20% en relación con el ejercicio presente, paraliza numerosos proyectos y realizaciones que ya están en marcha, con su efecto negativo en el gran objetivo económico y social de la región: la generación de empleo. Además, a pesar de las manifestaciones oficiales sobre la prioridad otorgada a los asuntos de contenido social, lo cierto es que las políticas de protección social -a excepción de la dependencia- y fomento del empleo resultan perjudicadas seriamente, según un examen más detallado de las partidas asignadas para 2013. Por otra parte, el Gobierno andaluz rehuye su responsabilidad al endosar a los distintos gestores de empresas públicas las vías de ajuste salarial o despido de contratados a que serán forzados por la contención de transferencias. Falta un criterio global homogéneo.