Lo que el Gobierno llama "nueva normalidad", que bastaría con llamarla "vuelta a la normalidad" y que ha comenzado decretándose la fase 1, dando así por sentado que la fase 0 comenzó con el decreto declaratorio del estado de alarma, no ha tenido general aceptación. Y esto porque las suavizaciones que contempla la fase primera no han sido iguales para todo el territorio nacional. Teóricamente, esta desigualdad es lógica, ya que el virus del Covid-19 ignora la división de España en provincias y, aún más, los territorios de cada autonomía. Por eso, el Gobierno (se supone que convenientemente asesorado por un comité de expertos cuyos nombres no se dieron a conocer, aunque le obligaba la Ley de Salud Publica) ha decretado que toda Andalucía pase a la fase 1, salvo Málaga y Granada, y que tampoco pasen ni la Comunidad valenciana ni la de Madrid. La decisión no ha gustado nada al presidente de la Junta de Andalucía, quien se queja de que, con más contagios, el País Vasco haya pasado de fase, a cuya queja se une el presidente de la Comunidad valenciana (del PSOE, como el presidente) y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todos lamentan la inexistencia de parámetros inequívocos. Tiene razón Juanma Moreno cuando dice que con ello se ha mandado el mensaje al turismo extranjero de que la Costa del Sol y Granada no son destinos seguros. También se ha quejado la presidenta de Madrid, que ahora es el blanco de todas las críticas del PSOE y hasta le acusan de la gestión más ineficaz e irresponsable de todas las gestiones, con olvido de que es el Gobierno quien se ha reservado estas, sin delegar ninguna. El País vasco se beneficia de sus votos a Sánchez en el Congreso, pasando a la fase 1 cuando tenía más del doble de casos que la Comunidad valenciana con la mitad del número de habitantes.

Es verdad que las prisas nunca son buenas consejeras y por ello Sánchez va a pedir una quinta prorroga, nada menos que de un mes, que finalizaría el 30 de junio. No se asusten porque ese estado de alarma quedaría reducido a la movilidad entre territorios. Quiere evitar tener que pedir cada 15 días al Congreso que se reúna para una nueva votación. Los juristas le dirán que si la vigencia del estado de alarma no puede exceder de 15 días; el añadido de que se puede prorrogar con autorización expresa no supone que se pueda prorrogar lo que se quiera, sino de 15 en 15 días.