LA relatividad, ese demonio que con tanta saña ha combatido a lo largo de su papado Benedicto XVI, se le ha colado a la Iglesia por debajo del felpudo. El cardenal Rouco ha autorizado a sus sacerdotes a absolver, con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, a las católicas que hayan abortado y estén arrepentidas. Es una rebaja sustancial (sólo durante el tiempo de oferta) de un pecado que está castigado con la excomunión. Pero al margen de la ganga moral, la iniciativa de Rouco supone reconocer que las católicas, es decir, las mujeres que avalan (al menos en teoría) con su fe la criminalización del aborto, también interrumpen su embarazo. Es decir, que el aborto no es, como algunos cándidos piensan, un pasatiempo de ateos, descreídos y gente de izquierdas, sino la traumática y terrible alternativa a la que recurren miles de mujeres al margen de sus convicciones religiosas. La Iglesia, durante unos días, aliviará la conciencia de las abortistas. Pero lo que no puede olvidar Rouco, ni ningún católico, es que si el Estado implantara la prohibición legal que propugna la Iglesia muchas de esas mujeres habrían muerto desangradas en una clínica clandestina, habrían arruinado su vida con una maternidad no deseada o, en el mejor de los casos, habrían tenido que viajar a un país con una legislación permisiva.