HACE dos días conocimos el acuerdo de la Junta de Andalucía con los sindicatos para recuperar en enero la jornada de 35 horas y abonar en tres plazos hasta 2018 el 75% de la paga extra de 2012. Es un acuerdo que fija el calendario de restitución de derechos de los empleados públicos andaluces y de esta manera, la implantación de la jornada de 35 horas da respuesta a una reivindicación de los empleados públicos que permitirá avanzar en sus necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y contribuirá también a la creación de empleo para garantizar que el funcionamiento de los servicios públicos no se vean afectados por la reducción del horario de los profesionales.

No quiero trasladar una visión laudatoria ni interesada sobre una decisión que creo tiene más trascendencia de lo que aparenta por los momentos electorales que vivimos. Es en este aspecto en el que me quiero centrar. La crisis económica y las políticas de recortes austericidas que se han aplicado por impulso de la visión neoliberal que impera en la UE han dañado seriamente al conjunto de la ciudadanía. Es por eso que parece razonable que haya opciones diferentes para afrontar la crisis y que, por ese motivo, resaltar las medidas que ayudan a recuperar paulatinamente derechos, es algo justo.

Las medidas señaladas permiten además generar nuevas oportunidades de empleo y contribuyen de manera indirecta a la mejora de la economía en la medida que los trabajadores públicos tendrán más recursos para el consumo. No creo que sea un tema por el que exclusivamente se deba sacar pecho, (cuestión que está justificada en mi opinión), sino que debe resaltarse y subrayarse la voluntad de restituir derechos porque tiene un valor tremendo.

Salir de la crisis restituyendo derechos es el camino más adecuado para restituir las enormes heridas que las políticas de recortes han generado en el conjunto de la sociedad. Estas heridas explican en buena medida el deterioro y la pérdida de confianza de la sociedad respecto a la política.

Y no es un tema menor que haya políticas alternativas a las aplicadas que tiendan a la justicia social. Entre otras razones, porque contribuyen a generar esperanza en el futuro. Algo que es imprescindible para la convivencia social.