FINALMENTE habrá reforma laboral. Después de dos años de contactos y titubeos y de cuatro meses de negociaciones, el presidente del Gobierno ha fijado fecha para uno de los pactos más complejos de los intentados en los últimos años: el Consejo de Ministros aprobará la reforma de las relaciones laborales el próximo día 16, el mismo día en que la selección española debuta en el Campeonato Mundial de Fútbol de Suráfrica. Lo hará "se produzca acuerdo o no" en la mesa de diálogo social, y eso supone una nueva rectificación del presidente Zapatero, que siempre había apostado por no impulsar una reforma que no hubiera sido consensuada previamente con empresarios y centrales sindicales. La misma necesidad de tranquilizar a los mercados financieros y dar seguridad a los socios de la Unión Europea sobre su voluntad de reformas que llevó a Zapatero a anunciar su drástico programa de reducción del déficit público, con un severo ajuste del gasto, es la que le induce ahora a acometer la reforma laboral sin esperar un pacto que las partes están demostrando muy improbable. De este modo, el presidente se presentará al día siguiente, en Bruselas, ante el Consejo Europeo, con sus deberes más inmediatos o en vías de hacerse (recorte social, reforma laboral y legislación sobre cajas de ahorros pactada con el PP). Aunque, lógicamente, se desconocen los términos exactos del decreto que el Gobierno dice tener ya perfilado, es seguro que introducirá medidas que garanticen la flexibilidad del mercado de trabajo en España, como la generalización del contrato indefinido con 33 días de indemnización para los nuevos empleos y el endurecimiento de las causas por las cuales el empresariado podrá acogerse a la contratación temporal. El objetivo es claro: combatir el elevado nivel de paro, que coloca a España en las posiciones de cabeza dentro de la UE, siguiendo el dictamen reiterado de todos los expertos. El escollo fundamental parece proceder de los sindicatos, que, opuestos radicalmente a la congelación de las pensiones y la rebaja salarial de los funcionarios,amenazan con la huelga general si a ello se une un recorte de la estabilidad en el trabajo.