Nuestra región necesita una restauración territorial con una solución político-administrativa distinta del régimen que llevamos padeciendo 40 años, y una restauración emocional que devuelva a los granadinos la ilusión por pertenecer a esta tierra. Ambas deben completarse con una reparación jurídica íntegra, dada la inconstitucionalidad del referéndum del 28-F, de las retroactivas L.O. 12 y 13/1980 que consumaron el fraude jurídico, y de todas las normas y actos administrativos posteriores, que son nulos de pleno derecho ex tunc.

Dada la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, puede invocarse en cualquier momento, por lo que las maniobras político-jurídicas ilegales de la clase política de 1980, que violó la CE para conformar una autonomía fraudulenta, pueden todavía repararse, ya que suplantar la voluntad popular contraria a la autonomía expresada en las urnas y computar votos dobles y de fallecidos, son actos inconstitucionales, ilegales y antidemocráticos muy graves.

Sobran pues argumentos jurídicos para anular la autonomía andaluza, pero dudo que los Tribunales dictasen sentencia en términos estrictamente jurídicos sin dejarse influenciar por un poder político que alegaría las enormes dimensiones de tal decisión, que comportaría retrotraer la situación jurídica al estado anterior al referéndum, que debería repetirse para ratificar o no una autonomía no refrendada con el voto ciudadano como exige el art.151 CE.

Podría repetirse el referéndum a modo de convalidación sanatoria de la nulidad que le aqueja, pero, si ganara el no -como creo-, podría constituirse una nueva autonomía -arts. 143 o 144 CE- para las grandes perjudicadas Granada, Almería y Jaén, y también para Málaga, dadas sus conexiones sociales, culturales, históricas y económicas, que podría devolver ciertas competencias al Estado, ahora en manos de Sevilla. Así se repararía el fraude mayúsculo de los auténticos padres de la patria andaluza, que no es Blas Infante sino los hacedores de este gran engaño autonómico.

El mapa autonómico va a cambiar en un futuro próximo por la crisis independentista catalana, el federalismo surrealista de la izquierda y el hartazgo de la sociedad ante el patente fracaso de las autonomías.

El deterioro del Estado de las Autonomías ha hecho visibles las debilidades del Estado de Derecho, por lo que nos dirigimos hacia un mapa autonómico distinto y con menos competencias o hacia la supresión de las autonomías como muchos ciudadanos ya exigen.