Es difícil encontrar un supuesto de responsabilidad política tan claro como el conocido estos días en Motril. Ya saben. El grupo municipal del PP había pagado de los fondos recibidos del Ayuntamiento una multa a la que había sido condenada judicialmente la actual alcaldesa de la ciudad. Nadie ha puesto en cuestión los hechos pues quienes los han difundido son militantes del propio partido que los conocían bien y han remitido a los medios de comunicación los extractos bancarios correspondientes. Resulta indubitado, por tanto, que el grupo municipal del PP de Motril hizo ingresos en una cuenta personal para sufragar las cantidades a las que había sido condenada la actual alcaldesa por injuriar a un adversario político.

Los argumentos utilizados para justificar dicha actuación resultan sumamente débiles. Se ha dicho que los hechos objeto de la condena se habían producido en el ejercicio de la acción política y, por tanto, estaba justificado que lo pagara el partido; incluso se dice que así lo había indicado el anterior presidente del partido. Pero el argumento es absurdo. Imagínense que los partidos políticos pagaran las responsabilidades pecuniarias derivadas de condenas judiciales de sus miembros. El propio PP no daría abasto simplemente con la Gürtel. Pero, además, el problema aquí es que finalmente lo pagó el grupo municipal con fondos públicos, con la dotación que recibe del ayuntamiento. También se ha dicho que el grupo municipal sólo pagó la parte de la condena correspondiente a las costas procesales, y no la multa, pues así lo indicó la asesoría jurídica. Tampoco resulta defendible el argumento en cuanto las costas procesales son, en este caso, parte de la condena judicial. Por último, se ha dicho que el dinero ha sido devuelto una vez conocidos los hechos. Este arrepentimiento, ciertamente tardío, podría ser utilizado en el ámbito penal pero en el político supone un reconocimiento de que no se había actuado bien y, por tanto, de la responsabilidad que conlleva. Porque lo importante aquí no es la responsabilidad penal, a dilucidar en su momento, sino la responsabilidad política derivada de haber utilizado dinero público para el pago de la condena judicial de una persona concreta. Esa responsabilidad política no alcanza sólo a quien recibió el dinero público y lo utilizó para resolver un problema personal sino también a aquellos que recibieron las cartas informándoles de los hechos y no hicieron absolutamente nada. En una democracia sana la responsabilidad política debe conllevar siempre la dimisión.