Hace unas semanas supimos que el Gobierno ha previsto que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá en 2019 un 22%, hasta llegar a los 900 euros; es una subida importante pero no hay que olvidar que aquellos trabajadores que cobren ese salario mínimo probablemente no puedan llegar a final de mes.

Y esta semana hemos conocido la opinión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, según la cual la subida del SMI va a hacer perder 150.000 empleos en España.

Sin embargo, cuando se analizan determinados datos, no se comprueba que la subida del SMI en 2017 (un 8%) y 2018 (un 4%), haya producido daños en el empleo en España. De hecho, la creación de puestos de trabajo, aunque muy precarios, ha seguido a buen ritmo y creo que merece la pena señalar que muchos expertos, analizando experiencias de otros países, afirman que no hay evidencias de que elevar el SMI perjudique el empleo.

Soy de los que piensan que siempre merece la pena un debate sobre desigualdad, empleo o cualquier otro asunto de interés general. En este caso, me atrevo a afirmar que el gobernador del Banco de España ha perdido una magnífica oportunidad para generar con argumentos un debate de interés y de camino, mejorar la imagen social de los dirigentes de la banca que es bastante negativa.

Por una parte, porque en España hemos echado en falta una autocrítica y depuración de responsabilidades por parte de los banqueros por no desplegar una actitud vigilante y eficaz desde el Banco de España en relación a la política de la banca en la concesión de hipotecas y en sus inversiones inmobiliarias; algo que nos llevó al rescate bancario pagado por todos los españoles. Por otra parte, porque en materia de salarios son un sector que no puede ni debe opinar ante los salarios astronómicos de los que han disfrutado incluso aquellos directivos que hicieron quebrar muchas entidades.

Me hubiera gustado que el señor Hernández de Cos se manifestara con igual contundencia contra la política de cláusulas suelo en las hipotecas, o contra el caso de las preferentes. O desmarcarse de la petición y de las presiones de la banca para que la sentencia del Supremo que declara ilegal que el impuesto de las hipotecas lo hayan pagado los clientes no recaiga sobre dichas entidades. Pero eso es imposible. No se puede esperar eso del gobernador del Banco de España. Pues por todo eso, yo le pido (seguramente en vano), que se disculpe y que se vaya.

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