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Opinión | Sandra García | Delegada del Gobierno en Andalucía | 1 de mayo

Sandra García Martín

Delegada del Gobierno de España en Andalucía

El Gobierno de las trabajadoras y trabajadores

Estamos librando una dura batalla que ha puesto en primera línea de acción a miles de trabajadoras y trabajadores que están sosteniendo nuestra sociedad tal como la conocemos

El Gobierno de las trabajadoras y trabajadores El Gobierno de las trabajadoras y trabajadores

El Gobierno de las trabajadoras y trabajadores

No hemos celebrado el Primero de Mayo como nos hubiera gustado. La situación en la que nos encontramos hace que sea un festivo diferente, en el que no podemos olvidar a quienes han perdido la vida por la COVID-19 ni a sus familiares y amigos.

Estamos librando una dura batalla que ha puesto en primera línea de acción a miles de trabajadoras y trabajadores que están sosteniendo nuestra sociedad tal como la conocemos. En primer lugar, el personal sanitario, los mismos que tantas veces han denunciado los recortes que han sufrido y el desmoronamiento que estaba sufriendo la sanidad pública. Por otro lado, los servidores y servidoras públicos que nos han protegido y velado por nuestra seguridad. Pero también tenemos que agradecer el esfuerzo con el que han encarado esta situación quienes se dedican a la agricultura y a las industrias primarias que no han cesado en su producción, los repartidores y repartidoras, los cajeros y cajeras de supermercado,  los profesionales de la comunicación, las trabajadoras de ayuda a domicilio, las profesoras y los maestros, y tantas otras personas que mantienen abiertos servicios esenciales sin los cuales no habríamos podido mantener a flote nuestro modelo de vida.

Sin embargo, hay muchas otras personas que hubieran deseado no tener que interrumpir su actividad. Muchas se han visto abocadas a un ERTE y otras al cierre de sus propios negocios, pequeños y medianos, sin atisbar un horizonte claro.

En definitiva, nuestro mundo ha cambiado y la nueva realidad se nos impone ante nuestros ojos. A la actual crisis sanitaria le seguirá una económica, pero esta vez las trabajadoras y trabajadores tendrán en el Gobierno de España a un aliado más para que no sean los mismos de siempre quienes paguen las consecuencias de todo.

Este Gobierno nació con una clara vocación social y convencido de la necesidad de devolver tantos derechos perdidos a causa de la anterior crisis económica. Por ello, nada más comenzar su andadura, subió el Salario Mínimo Interprofesional y lo situó en 950 euros. Fue el mayor incremento de todo nuestro periodo democrático.

Un gesto que vislumbraba uno de los ejes de acción: una economía para las personas, que genere empleo y valor añadido, pero que también redistribuya las ganancias de la forma más equitativa posible. Es por ello que trabajamos en un nuevo Estatuto de los trabajadores y trabajadoras que tenga al diálogo social como base misma de su funcionamiento.

Y con todo este fondo, nos hemos enfrentado y tomado las medidas necesarias para que nadie se quedara atrás durante esta crisis. Se ha hecho lo que había que hacer: medidas de defensa y protección social de las familias trabajadoras que son punteras en Europa. Sólo la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ha permitido salvar cientos de miles de empleos en el corto plazo y ha ayudado a mantener la renta de las familias. Medidas, además, negociadas con los sindicatos y que demuestran sensibilidad con todos los sectores.

Por primera vez, por ejemplo, quienes han entrado en un ERTE sin reunir los requisitos de desempleo han percibido la prestación y quienes sí tenían derecho al desempleo no se les ha restado este tiempo de ERTE de lo que tenían computado.

Esta medida, con su lógica variante, se ha trasladado al sector de los autónomos y se ha autorizado la flexibilización del acceso a la prestación por cese de actividad. El cobro de la prestación es, además, compatible con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social y con la aprobación de ERTE para sus trabajadores, si el autónomo tiene asalariados contratados. Tampoco nos hemos olvidado de las PYMES que han sufrido algún ERTE, las cuales están exentas de abonar las cotizaciones empresariales. La exención será del 75% para el resto de las empresas condicionada a la preservación del empleo tras el ERTE como consecuencia de la pandemia.

Dado que esta situación ha provocado el cierre de colegios y centros de día para personas mayores, el Gobierno de España ha garantizado el derecho al cuidado para todas las personas trabajadoras, que han podido acogerse a reducciones de jornada y a una reorganización del tiempo de trabajo por cuidado de familiares hasta segundo grado, sin que pudieran ser despedidas.

 Y si han tenido el infortunio de verse contagiados por el virus o estar en aislamiento preventivo, han sido consideradas en situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Lo que implica que desde el día siguiente al de la baja laboral, estas personas perciben el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.

 Cuando el virus se hizo más intenso hubo que tomar drásticas medidas de paralización total de la actividad. Conocedores de esto y siendo conscientes de que no íbamos a tener que elegir entre economía y salud, reforzamos las rentas de los trabajadores y trabajadoras que se viesen afectados y se reguló un permiso retribuido recuperable para las personas que trabajasen en servicios no esenciales.

 También se creó un nuevo subsidio para las empleadas del hogar y para trabajadores temporales a los que se les acabara el contrato sin tener derecho a prestación y se ha establecido que aquellas personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses, que se hubiese extinguido tras la declaración del estado de alarma y que no alcanzaran el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo, pudieran percibir un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

 Además, se han aprobado medidas urgentes en materia de empleo agrario que permiten compatibilizar el trabajo agrícola con la prestación por desempleo.

 Y todas estas acciones de refuerzo del mercado laboral se han compaginado con aquellas que han dotado de seguridad el desarrollo del trabajo, repartiendo mascarillas y equipos de protección a cientos de miles de trabajadores en Andalucía.

En definitiva, se han movilizado más de 200.000 millones de euros para contrarrestar la caída de la actividad. Medidas de todo tipo, poniéndole cara a cada situación, desde la flexibilización del pago de suministros a las moratorias de los alquileres; desde las líneas ICO a la suspensión de intereses; desde la flexibilización en el pago de impuestos a la inyección económica de 100 millones a Andalucía para ayudas sociales y medidas de impacto económico. Porque, por encima de la inyección económica ha estado la inyección de humanidad. Hemos atendido a las personas más vulnerables prohibiendo cortes de suministros o desahucios y abriendo comedores sociales.

 No hemos celebrado el 1 de mayo que hubiéramos deseado porque este maldito virus no nos lo ha permitido, pero hay algo seguro que esta situación nos ha demostrado: éste sí es el Gobierno de los trabajadores y trabajadoras.

 

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